Puig y Díaz reclaman la protección de la sanidad frente a “oscilaciones económicas”

Tan sólo mes y medio después de que se celebrara la VI Conferencia de Presidentes, comienzan a surgir las primeras voces críticas en relación a cómo se está llevando la puesta en marcha de los acuerdos que se firmaron en dicha reunión. En concreto, han sido los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y Andalucía, Susana Díaz, que se han manifestado tras un encuentro entre ambos.

En la Conferencia se elaboró un documento en el que se abogaba por analizar el coste que supone a las autonomías la prestación de servicios básicos como la sanidad o la dependencia, de cara a establecer un nuevo sistema de financiación autonómica. Tras dicha reunión, se ha celebrado la primera comisión de expertos, en modo de seguimiento, la cual se repetirá cada mes y de cuyas conclusiones, en el plazo de seis meses, se elaborará un informe con las propuestas no vinculantes de los expertos.

Pues ha sido sobre este seguimiento sobre el que se han pronunciado Puig y Díaz. El representante autonómico de la Comunidad Valenciana ve “con preocupación que se intente controlar excesivamente desde el Ministerio y que no se de voz real a los expertos”. Mientras, la presidenta de la Junta de Andalucía ha advertido que “los primeros pasos que se han dado no ofrecen certidumbre a las comunidades”.

LA SANIDAD, INFRAFINANCIADA

Por su parte, Ximo Puig y Susana Díaz han elaborado otro documento en el que solicitan que el cambio de sistema de financiación no se aborde como un debate entre territorios “sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado de Bienestar”, instando al Gobierno a que trabaje por la “equidad”en el acceso de los ciudadanos a servicios como la sanidad, con independencia del sitio donde vivan.

En dicho escrito, ambos dirigentes han fijado la reclamación de que el futuro sistema debe “proporcionar estabilidad a la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales”, de manera que estas áreas queden protegidas “de las oscilaciones del ciclo económico”.

Asimismo, han reprochado que durante los años de la crisis y hasta 2015, las comunidades autónomas se han visto “forzadas” a retroceder un 15% el gasto real por habitante en partidas como sanidad, educación y dependencia. De hecho, apuntan que el gasto autonómico en estas materias “se encuentra 4 puntos de PIB por debajo de la media de los países de la Eurozona, es decir, 40.000 millones de euros menos”.


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