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Un nuevo informe de Public Citizen ha revelado hasta qué punto la compañía farmacéutica Pfizer, cuyo CEO es Albert Bourla, intimida a los gobiernos en las negociaciones de la vacuna COVID-19, incluida la prohibición de que los gobiernos discutan los acuerdos sin la aprobación de Pfizer, manteniendo el control unilateral para tomar decisiones clave e incluso obteniendo una exención de propiedad intelectual por sí mismo. En febrero, según ha publicado Public Citizen, la compañía fue acusada de "intimidar a los gobiernos en una historia publicada por la Oficina de Periodismo de Investigación". Public Citizen ha identificado varios contratos de Pfizer, incluso con Brasil, Colombia, la Comisión Europea y Estados Unidos que ofrecen una idea de "cómo la farmacéutica ha ganado el poder de reducir el suministro, cambiar el riesgo y maximizar las ganancias durante los peores momentos de la pandemia". "Pfizer se está aprovechando de la desesperación de los países", ha señalado Peter Maybarduk, director del programa de Acceso a los Medicamentos de los Ciudadanos Públicos, quién ha criticado que mientras que la mayoría de ellos se han sacrificado durante la pandemia, "Pfizer fue al revés utilizando su control de las escasas vacunas para ganar privilegios especiales de personas que tienen pocas opciones".
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