El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, continúa sin dar soluciones a los problemas que desde hace meses acarrean los profesionales sanitarios de las cárceles españolas. Además de no completar la transferencia de esta competencia a las comunidades autónomas, como ya lo tienen Cataluña y País Vasco, varios colectivos han recriminado la falta de facultativos para atender con garantía a las personas privadas de libertad. Los últimos en denunciar esta situación han sido los diputados del Grupo Parlamentario Popular, quienes a través de una Proposición no de Ley han instado al Gobierno a mejorar las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios. En concreto, han reclamado que se inicie la negociación para “abordar y dar solución a la problemática específica del personal adscrito al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria”.