El Juzgado de lo Social número 1 de Teruel ha dictado, bajo la rúbrica de la magistrada Elena Alcalde, la que se erige como la primera condena en nuestro país contra una administración pública por la vulneración de los derechos de los trabajadores y empleados públicos en materia de prevención de riesgos laborales. El origen de la condena radica en el hecho de no haber proporcionado equipos de protección individual con los que poder protegerse ante el riesgo de contagio por la Covid-19.
De esta forma el Juzgado condena a la Diputación General de Aragón, cuyo presidente es Javier Lambán; al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber puesto en grave riesgo la vida, integridad física y la salud de los sanitarios, lesionando su derecho a la integridad física y protección de la salud.