La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que tiene como máxima responsable a Patricia Lacruz, continúa su avance en la desfinanciación de los fármacos conocidos como los SYSADOA, entre los que se encuentran el condroitín sulfato y el condroitín sulfato más glucosamina, aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por su eficacia y seguridad. Un proceso que a la luz de las últimas informaciones conocidas podría no cumplir con la legislación vigente. Y es que el departamento no ha cumplido con lo establecido por la Ley en relación a la obligación de informar de cada paso en el proceso a OAFI (Osteoartritis Foundation International), parte interesada legitimada y reconocida. Un hecho que, por tanto, anularía el procedimiento.