La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que tiene como directora a Patricia Lacruz, continúa su avance en la desfinanciación de los fármacos conocidos como los SYSADOA, entre los que se encuentran el condroitín sulfato y el condroitín sulfato más glucosamina, aprobados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, por su eficacia y seguridad.
Un proceso que a la luz de las últimas informaciones conocidas podría no cumplir con la legislación vigente por dos motivos. El primero de ellos es que el Departamento dirigido por Patricia Lacruz no ha cumplido con lo establecido por la ley en relación a la obligación de informar de cada paso en el proceso a OAFI (Osteoartritis Foundation International), parte interesada legitimada y reconocida. Hecho que anularía el procedimiento.
Las irregularidades que se han cometido en el desarrollo de todo el proceso referido se hallan incursas en vicio de anulabilidad al cometerse una infracción del ordenamiento jurídico según lo previsto en el artículo 48, apartados 1 y 2 de la LPAC. Infracciones a las que se suman el hecho de que las resoluciones que fueron remitidas a OAFI no están firmadas ni de forma manuscrita y digitalmente por Patricia Lacruz y carecen de la fecha en la que supuestamente se emitieron por lo que incurrirían en una nueva infracción de la Ley 39/2015.
Motivos por los que desde OAFI han solicitado al Departamento Ministerial que sean anuladas las resoluciones notificadas en base al artículo 48.1 de la LPAC.
La segunda de las razones se centra en el hecho de que, de acuerdo a la legislación vigente, las resoluciones adoptadas para la desfinanciación de 23 medicamentos son nulas de pleno derecho como consecuencia de que los procedimientos han caducado.
Patricia Lacruz, como directora la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, podría incurrir en una presunta prevaricación al permitir que el Departamento que dirige continúe adelante con un procedimiento
Las resoluciones de los procedimientos relativos a la desfinanciación de los 23 medicamentos necesarios para los pacientes con artrosis carecen de validez ya que varios de los pasos dados en todo el proceso no se han realizado de acuerdo a la legislación. En algunos puntos, este proceso queda invalidado prácticamente desde el mismo momento en el que fue puesto en marcha. El cúmulo de motivos expuestos refleja que el procedimiento no estaría cumpliendo con la legalidad. La legislación actual por la cual se rigen estos procedimientos es conocida por todas las partes implicadas.
Una necesidad básica a la hora de iniciar un proceso como el que se expone en estas líneas y que afectará a tantos pacientes crónicos que verían su salud y calidad de vida gravemente afectadas en caso de que los medicamentos necesarios para el tratamiento de su enfermedad dejasen de estar financiados.
Motivos por los que Patricia Lacruz, como directora la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, podría generar un serio problema al Ministerio de Sanidad al permitir que el Departamento que dirige continúe adelante con un procedimiento sobre el que basta un rápido vistazo a la legislación vigente para ser consciente de los errores de forma en los que ha incurrido desde el principio.
Hecho al que se suma un repentino desenlace mediante una resolución final en la que no solo se ha vulnerado el derecho a las alegaciones de una parte interesada, reconocida como tal por la propia Lacruz y por la ley, sino que se ha hecho de una forma poco habitual. ¿Reconocerán sus errores y se ajustarán a la legalidad vigente? Mientras los silencios continúan siendo la respuesta, son los pacientes los que, una vez más, vuelven a perder.