El despido de profesionales y el plan de Primaria suscitan las críticas sindicales en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba hace unos días que los 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo en Andalucía cuyos contratos vencen el día 31 de este mes de octubre "no se irán a la calle".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre (Foto. Junta de Andalucía)

El presidente de la Junta de AndalucíaJuanma Moreno, aseguraba hace unos días que los 20.000 profesionales sanitarios de refuerzo en Andalucía cuyos contratos vencen el día 31 de este mes de octubre "no se irán a la calle" cuando terminen sus contratos, pese a que el Gobierno central no dedica "ningún tipo de apoyo" a la comunidad autónoma "en ningún tipo de refuerzo".

"No vamos a hacer como algunas comunidades autónomas socialistas", añadió el presidente de la Junta al señalar que esos 20.000 profesionales sanitarios "no se van a ir a la calle" a final de mes, respondiendo así a la portavoz del Grupo Socialista en el ParlamentoÁngeles Férriz, quien en la sesión de control al Gobierno andaluz exigía a Moreno que "se comprometa a que el 31 de octubre 20.000 sanitarios andaluces no vayan a la calle por finalización de contrato".

“La sanidad andaluza ha sido castigada desde hace años y con la pandemia se le saltaron las costuras. No sobraba nadie y aún faltaban puestos con los 20.000”

 Sin embargo, apenas unos días después, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) calificaba de "lamentable" la decisión de la Consejería de Salud y Familias de no renovar a 8.000 de los 20.000 profesionales que contrató como refuerzo covid y cuya vinculación finaliza el próximo 31 de octubre, al contrario de lo anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Tras reunirse con el consejero Jesús Aguirre, el sindicato cree que la Administración “ha desperdiciado una oportunidad única e ideal para reforzar y actualizar una plantilla que ya estaba infradotada tras años de abandono, como volvió a ponerse en evidencia con la pandemia”.

“En vez de estabilizar y consolidar las 20.000 plazas para que la plantilla experimente un aumento real y efectivo y la calidad del servicio a la ciudadanía mejore, el SAS apuesta por mermar ambas”, denuncia la vicepresidenta del Sector de Sanidad de CSIF-ACarmen Jiménez. “La sanidad andaluza ha sido castigada desde hace años y con la pandemia se le saltaron las costuras. No sobraba nadie y aún faltaban puestos con los 20.000”, añaden.

El sindicato no descarta la organización de movilizaciones conjuntas con el resto de representaciones de los trabajadores

CSIF también critica el anuncio de la consejería de que los contratos que se les harán a los 12.000 trabajadores que sí renovarán tendrán una duración de sólo seis meses. La Junta también se ha comprometido a estabilizar a 10.000 de ellos. “Pero la mayoría no son plazas nuevas, sino plazas ya dotadas que estaban vacantes y que se cubrieron con contratos eventuales para luchar contra el coronavirus”, apostilla Jiménez.

En vista de la situación, CSIF-A ha pedido que se convoque la Comisión Central de Bolsa Única para conocer todos los detalles del plan de la Junta y exige que esas 10.000 interinidades se cubran “de forma inmediata”. Al mismo tiempo, el sindicato no descarta la organización de movilizaciones conjuntas con el resto de representaciones de los trabajadores.

CONTRA EL PLAN DE PRIMARIA

En otro orden de cuestiones, CISF también ha mostrado su rechazo al Plan Estratégico para la Atención Primaria por no contemplar una mayor dotación presupuestaria y porque provocará “agendas imposibles, extenuación de los profesionales y asunción de funciones y responsabilidades impropias de algunas categorías”, lo que “no sólo no reducirá las listas de espera, sino que mermará la calidad de la asistencia y quemará a los profesionales”.

Según CSIF Sanidad Andalucía, el refuerzo “real” de la Atención Primaria pasa por que se le dedique como mínimo el 25% de la inversión total de la Junta en sanidad, que a su vez tendría que rondar entre el 7,5 y el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.

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