La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se encuentra bajo la lupa financiera del Gobierno de España. Según una información publicada por El País, la entidad con 192.000 abonados está siendo investigada, desde hace nueve meses, por el Ministerio de Consumo. En concreto, el departamento analiza los 47 convenios que, desde 2018, ha firmado la OCU con diversas compañías con el propósito de verificar si las comisiones que cobra por cada cliente suministrado son legales y si llegan a comprometer su independencia.
Las fórmulas de financiación son múltiples. Un ejemplo son las demandas que interpone a través de su sociedad paraguas denominada Euroconsumers, dirigidas a grandes empresas como Google o Facebook. Cuando llega a acuerdos millonarios con las citadas compañías, retira las demandas y alega que las cantidades percibidas repercuten, de manera indirecta, en los usuarios.
Cuando la OCU llega a acuerdos millonarios con las compañías, retira las demandas y alega que las cantidades percibidas repercuten, de manera indirecta, en los usuarios
En paralelo, la Organización de Consumidores y Usuarios ofrece "compras colectivas" para lograr clientes que, a priori, disfrutan de mejores tarifas en determinados servicios, por lo que cobra una comisión a la empresa ganadora por cada cliente que se traspasa.
Desde la OCU sostienen que este tipo de prácticas no interfiere en su labor de vigilancia del mercado, toda vez que aseguran que no supone una ventaja o lavado de imagen para las firmas que acceden a su negocio. No obstante, la falta de transparencia de la organización es palpable, pese a sus reiterados mensajes de realizar una labor de servicio público.
Es preciso recordar que, de forma habitual, los medios de comunicación reciben estudios elaborados por la OCU acerca de productos del mercado, entre ellos relacionados con la salud, y las mejores tarifas en cada sector. De hecho, desde la entidad expresan que, cada año, analizan 3.000 productos.
"Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables, estamos ante un claro conflicto de intereses"
La principal competidora de la OCU, Facua, interpuso el pasado mes de noviembre una denuncia de tipo administrativo ante la Dirección General de Consumo y, desde entonces, esta analiza, si la organización ha vulnerado la Ley General para la Defensa de los Consumidores al publicitar productos y servicios de empresas gracias a ciertos acuerdos económicos.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua, apunta en declaraciones a El País que "la OCU actúa como comisionista de grandes empresas y daña la imagen del movimiento de consumidores. Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables, estamos ante un claro conflicto de intereses".