El 27 de julio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Con esta norma, la exministra de Sanidad, Carmen Montón, pretendía restablecer los derechos sanitarios perdidos años antes por algunos colectivos tras el RD 16/2012 aprobado por el Gobierno del Partido Popular. Sin embargo, dos años después, la norma no se ha desarrollado de forma completa al no haberse tramitado como proyecto de ley, por lo que en todas las comunidades autónomas continúan replicándose casos de exclusión sanitaria, especialmente entre la población más vulnerable.
Desde 2012 surgieron varios colectivos que consideraban “inaceptable” el RD 16/2012. Uno de ellos fue ‘Yo sí, Sanidad Universal’, una plataforma ciudadana independiente conformada por profesionales sanitarios y personas de otras profesiones reunidas para denunciar casos de exclusión sanitaria. Con motivo de que se cumplen dos años desde que se aprobó el RD de Montón, ConSalud.es ha entrevistado a Nacho Revuelta, médico de familia y miembro de esta plataforma.
Dos años después de aprobarse el RD de acceso universal al SNS, ¿la situación está mejor o peor que antes?
Sería difícil de contestar. Creo que para algún colectivo ha ido a mejor, pero en términos generales ha ido a peor. Los que han mejorado su situación son los pacientes que están sin permiso de residencia y llevan más de tres meses en España. Pero lo han hecho porque daba un respaldo legal con una ley a nivel estatal, aunque en realidad cuando salió el RD en la mayoría de las comunidades autónomas se habían tomado medidas legislativas y normativas que permitían la atención a estos pacientes.
"Se están dando casos de exclusión muy gravosos e injustos, porque como el Ministerio no ha desarrollado un reglamento, las CC.AA. lo interpretan a su libre albedrío"
En cambio, algunos colectivos que constituían excepciones para el RD 16/2012 -como las embarazadas, los menores de edad o las personas solicitantes del permiso internacional-, en muchos casos se están viendo excluidos, especialmente si llevan menos de tres meses en España pero tienen otras circunstancias. Por otro lado, el colectivo de los reagrupados, que son ascendientes cuyos hijos tienen nacionalidad española o comunitaria, sí que tenían exclusión antes pero los jueces le estaban dando la razón. Pero con esta ley en vigor no les da la razón cuando acuden a los tribunales, como ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Supremo.
¿Son estas exclusiones mencionadas las que más se repiten?
Sí, sobre los ascendientes agrupados, que están excluidos de forma absoluta ya que no tienen derecho a las urgencias, les da lo mismo su situación de enfermedad. Son personas mayores que pueden contratar un seguro privado y la quienes les quedan como única opción un convenio con la seguridad social que pueda suscribir a partir del año de estar en España y que no incluye los medicamentos. Luego, hay muchas exclusiones de menores o de embarazadas que no pueden acreditar llevar tres meses de estancia en España. Sobre este asunto, lo que dice la ley es que las personas que estén en una situación de estancia temporal podrían acceder a asistencia sanitaria con un informe social. Pero esto tenía que haberlo desarrollado el Gobierno y no lo hizo, por lo que las comunidades autónomas no lo están haciendo. El problema es que a veces esa acreditación supera mucho más allá de los tres meses, porque hay personas que tienen dificultades de empadronamiento. Se están dando casos de exclusión muy gravosos e injustos, porque como el Ministerio no ha desarrollado un reglamento, se dan multitud de situaciones que las CC.AA. interpretan a su libre albedrío.
Durante estos meses de pandemia, ¿se ha agravado la situación de estas personas?
En realidad, en algunas comunidades autónomas se han establecido procedimientos para que durante este periodo tengan mejor acceso a la atención pero esto no ha sucedido en todos los sitios porque a nivel estatal no se ha tomado ninguna medida al respecto. Y algo en lo que se ha empeorado es que el Ministerio de Sanidad sí que legisló sobre la renovación de los permisos de las personas extranjeras, ya sean renovaciones de permisos de estancia o sobre la estancia temporal de tres meses. Así, todos los permisos de extranjería que en general se han prorrogado, para evitar el cierre de oficinas y las dificultades de acceso, se ha convertido en una barrera sanitaria en algunas comunidades porque interpretan que al haberse prorrogado el derecho de estancia, los tres meses que les pedía de empadronamiento ahora son seis meses. Las personas que se han visto atrapadas por el Covid en España y que han tenido que prorrogar su estancia, el Ministerio les permite permanecer pero alguna comunidad les excluye del sistema dificultando su acceso hasta dentro de tres meses más. Esto se lo hemos dicho al MInisterio, pero ha mirado para otro lado.
"Cuando en 2012, el PP hizo el RD con medidas para garantizar ‘la sostenibilidad’ del SNS, ya señaló con un dedo a los que ellos consideraban que eran responsables de la sostenibilidad"
PSOE y Unidas Podemos proponen que el RD se tramite como proyecto de ley de nuevo. ¿Qué debe incorporar?
Junto a otras organizaciones sociales, elaboramos un documento que se envió a la Comisión para la Reconstrucción, del Congreso. Ahí se recogía la necesidad de que se quitase la exigencia de seguro privado a los familiares reagrupados, porque es en lo que se basa Extranjería para luego excluirles del sistema sanitario. Y también es básico que no se establezcan plazos para que las personas que residen en España puedan tener acceso a la asistencia sanitaria. Aquí el problema es que el Gobierno está mezclando turistas con personas que vienen a establecer su residencia.
En el pacto de Gobierno, ambas formaciones proponen “garantizar el acceso universal a la atención sanitaria como un derecho subjetivo de todas las personas”. ¿Cree que debe blindarse la universalidad en la Constitución Española?
Sí, es una medida que requiere acuerdo político. Creo que tiene que trasladarse que el derecho a la integridad de la salud, que es lo que recoge la Constitución, se traduzca en un derecho a la asistencia. Al final, es difícil pensar que se puede garantizar algo si no se ponen los medios para hacerlo. Siempre pongo el mismo ejemplo: nos parecería muy absurdo creer que unos policías vieran que delante de él se está agrediendo o atracando a alguien, le preguntasen cuál es su situación administrativa y le dijeran “no mire, es que como usted lleva aquí solo tres meses en España y no está empadronado, nosotros vamos a mirar para otro lado mientras usted está siendo agredido”. Esto, que a todos nos parecería una locura muy grande, está pasando desde el punto de vista de la atención sanitaria. Lo que te pase en términos de salud no lo asumimos como nuestra responsabilidad. Ponemos en nuestra Constitución que tienes derecho a la salud y a la integridad física pero no tomamos las medidas que permiten la protección de esa salud.
¿Qué le parece que los dirigentes de Vox digan que hay que prohibir el acceso a la sanidad a la inmigración ilegal? ¿Le preocupa que este mensaje cale en la sociedad?
Claro que preocupa. Porque en parte este mensaje ha calado ya, pero no solo desde Vox. Es un mensaje que se viene emitiendo desde que se hizo la ley. Cuando en 2012, el Partido Popular hace una norma que se llama “ley de sostenibilidad” y una de las medidas fundamentales consistió en excluir a unas 800.000 personas, ya señaló con un dedo a los que ellos consideraban que eran responsables de la sostenibilidad. Porque, además, no se tomó ninguna otra decisión importante relativa a la sostenibilidad. Entonces, esto anima a que la sociedad entienda que quieran que la sanidad se mantenga y piensen que estas personas sobran.
"Señalar a un colectivo como responsable de los males y las dificultades de financiación de un sistema sanitario, es muy capcioso y, además, es incierto"
Esto es un argumento que en ningún momento se ha demostrado. Es más, los datos que hay de múltiples estudios dicen que eso no es así. Primero porque consumen mucho menos sanidad que las personas nacionales; además no se viaja a un país por motivos sanitarios, es solamente un porcentaje muy pequeño; y en general, las personas migrantes por su trabajo devuelven mucho más al país de los beneficios sociales que obtienen. Esta forma de señalar a un colectivo como responsable de los males y las dificultades de financiación de un sistema sanitario, es muy capciosa y además, es incierta. Nos preocupa porque es un discurso que no se atiene a la realidad.
Desde vuestra plataforma además estáis llevando a juicio estas exclusiones. ¿Cómo hacéis estos procesos?
Hicimos un crowdfunding para tener recursos económicos y mitigar contra el sistema sanitario, y la verdad es que ha tenido una buena respuesta. En este momento hay ya un caso de una persona con una enfermedad grave que se le está atendiendo porque el juez ha establecido medidas cautelares para que se le atiende, ya que el sistema sanitario se negaba a hacerlo. Estos meses nos han frenado estas dinámicas pero vamos a presentar otras demandas. Además, en nuestra página web hemos colgado multitud de modelos de reclamación para que la gente pueda hacer uso de sus derechos y reclamar contra el sistema sanitario cada vez que les excluyen de una manera ilegal.
Resulta muy difícil extender que desde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no se haya tomado ninguna medida de protección de las personas excluidas. Una situación donde la salud de cada persona depende de la salud de la sociedad, parece imprescindible que nadie tenga miedo a ir a un hospital o a un centro de salud porque sepa que si no va a recibir una factura que no va a poder pagar. Esto está pasando. Como sociedad tenemos que entender que es un bien colectivo y que no tiene sentido tener a una parte de los vecinos excluidos, no solo por la salud de ellos y los derechos humanos, sino desde un punto de vista de nuestra propia sociedad y comunidad.