2018 ha sido un año convulso para la política española. El país entró el año gobernado por Mariano Rajoy y, tras la primera moción de censura con éxito de la democracia, va a cerrar diciembre a los mandos de Pedro Sánchez.
Los cambios en la presidencia han venido de la mano de nuevos nombramientos en las carteras ministeriales. Sin embargo, Sanidad ha experimentado más cambios de los previstos en un principio después de que Carmen Montón, primera elección de Sánchez, tuviera que dimitir tras el escándalo de su máster. María Luisa Carcedo la sustituyó en el cargo a los pocos días.
Tantas variaciones en poco tiempo han tenido repercusiones en los temas sanitarios, y unos de los mayores perjudicados por la inestabilidad política son los afectados por la Talidomida.
A mediados de febrero se puso en marcha el primer registro de afectados por talidomida
A mediados de febrero el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad puso en marcha un registro para evaluar de modo pormenorizado cada caso. Ese mismo mes la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) se reunió con el Imserso para hablar de las compensaciones económicas que estaba previsto recibieran próximamente.
Por entonces las sensaciones eran buenas y desde Avite eran optimistas. “Hemos visto muy buena predisposición por parte del Ministerio, están muy preocupados por el tema”, llegó a afirmar a ConSalud.es Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite.
A finales de marzo llegaron las primeras decepciones después de que desde el Imserso les insinuaran volver a la línea del anterior Real Decreto, donde se establecen compensaciones económicas de entre 30.000 y 100.000 euros por afectado. “Aplicando el baremo establecido para los accidentes de tráfico a nuestro caso, las compensaciones ya serían más importantes que lo que se nos ha insinuado hoy”, afirmó Basterrechea a este medio.
En abril se presentaron los presupuestos generales del Estado y uno de sus apartados incluía una cantidad de 20 millones de euros a los afectados del medicamento Grünenthal, que causó malformaciones a miles de personas en todo el mundo. Se cumplieron así las estimaciones de Avite.
A principios de julio, tras la llegada de Pedro Sánchez, los presupuestos con la partida destinada a la Talidomida salieron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) acabando así con lo que había sido hasta ese momento un calvario para ellos.
Los presupuestos generales aprobados a medidados de abril destinaban 20 millones de euros a los afectados
Avite fue la gran olvidada tras la llegada de Carcedo al Ministerio. De hecho, fue muy cuestionada por no mencionar durante su primera Comisión en ningún momento a las víctimas de la talidomida, máxime cuando Avite, la asociación de afectados en España, permanecía a las puertas del Congreso a la espera de noticias sobre las ayudas económicas comprometidas en los PGE de 2018 y que aún no han recibido. La pasividad del nuevo Ministerio provocó que Avite convocara una serie de protestas durante todo el mes de octubre antes las puertas del Congreso de los Diputados.
La última reunión de Avite con los miembros del gobierno se produjo a finales de noviembre y en palabras del propio Basterrechea a este medio “no fue nada agradable”. El enfado de la asociación vino porque se les prometió que las compensaciones económicas de los afectados por la talidomida iban a estar libres de tributaciones económicas como las del resto de afectados por otras causas, como los accidentes de tráfico, algo que finalmente les confirmaron que no iba a ser así.
“El gobierno quiere que nos hagamos cargo de los impuestos, algo inconcebible teniendo en cuenta que se trata de una negligencia causada por un medicamento”, apuntó Basterrechea, que aseguró que los afectados en situaciones similares pero por otras causas no tienen que hacerse cargo de estos pagos.
UNA CARTA AL PRESIDENTE
Por último, esta semana Avite le ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la cual los afectados le hacen preguntas en relación a la exención fiscal de las ayudas por la talidomida. n este sentido, Avite ha preguntado a Sánchez si su Gobierno “tiene intención de gravar fiscalmente” dichas ayudas.
Igualmente, denuncian que “tampoco tiene sentido” que los talidomídicos “reciban un trato discriminatorio” con respecto a sus homólogos europeos y a “españoles afectados por otros males” como los indemnizados “como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, los infectados por VIH, las víctimas de actos terroristas, etc.”, colectivos que no pagarían tributaciones por las ayudas
Por todo ello, el presidente de Avite, José Riquelme López, ha lamentado en la carta que “no podemos dar crédito a que en España, tras 69 años de tragedia, se pretenda por el Estado darles a los afectados con una mano lo que se les quita con la otra”. Finalmente, le ha recordado a Sánchez que junto con Grünenthal, “el Estado español es responsable de tener el vergonzoso honor de ser el único país” que aún no ha compensado a las víctimas. Califican esta actitud como “una total falta de control sanitario de las autoridades”.