El Defensor del Pueblo, institución del Estado liderada actualmente por Francisco Fernández Marugán, ha publicado el informe que realiza anualmente sobre las personas privadas de libertad y, entre otros asuntos, sus condiciones en materia de asistencia sanitaria. Todo ello, queda recogido en el documento ‘Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP)’.
Uno de aspectos analizados ha sido la atención que se realiza en los centros de salud mental que cuentan con internos no voluntarios por razón de trastorno psíquico. Para ello, se han visitado cinco edificios:la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo); el Centro Sociosanitario “Casta Arévalo”, en Arévalo (Ávila); la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid); el Instituto Psiquiátrico “José Germain” de Leganés (Madrid); y la Unidad de Agudos del Hospital “Nuestra Señora del Prado” de Talavera de la Reina (Toledo).
El Defensor del Pueblo detalla que no todos los centros de salud mental donde se atiende a presos cuentan con personal suficiene con experiencia y formación adecuada
En ellos, se han evaluado más de 20 cuestiones relacionadas con la atención y los que se han cumplido en todos han sido los asuntos relativos al buen uso de los psicofármacos así como el trato correcto del personal. También es amplio el cumplimiento de otros temas como la información a los pacientes sobre los derechos y las normas de funcionamiento del centro o el establecimiento de protocolos de prevención de suicidios, de voluntades anticipadas o de contenciones.
Ya en otras materias, comienzan las deficiencias. Por ejemplo, se evidencian más carencias en el registro y las observaciones del personal de Enfermería en la aplicación de los medios de contención. También se cumple parcialmente el proceso que supone el paso de internamiento voluntario a involuntario o el hecho de que los presos contacten con el exterior o sus tutores. Mientras, se denuncia que no todos los centros cuentan con personal suficiente con experiencia y formación adecuada.
Por su parte, el Defensor del Pueblo manifiesta que hay otras cuestiones que no se cumplen de forma adecuada. Por ejemplo, denuncian que no se realiza un correcto parte de lesiones y su correspondiente remisión a la autoridad judicial. De la misma manera, el informe pone de manifiesto algunas carencias en las habitaciones para la realización de contenciones mecánicas, instando a que no se realicen en las propias de los pacientes.
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS
Esta institución informa que en algunos centros penitenciarios se está practicando una "radical retirada" de fármacos psicotrópicos
Además de las actuaciones realizadas en las unidades de Salud Mental, esta institución ha analizado la práctica que cada centro penitenciario ha realizado en relación a la administración de psicofármacos. Así, por ejemplo, valora negativamente que el CP de Córdoba practique una “radical retirada de ciertos fármacos psicotrópicos para evitar un uso inapropiado”. En este caso concreto, el Defensor sugiere evitar la retirada “de manera brusca” y utilizar en su lugar el “tratamiento directamente observado (TDO)”.
En otros centros, como el de Quatre Camins, se determinó que existía un “desconocimiento extendido por parte de los internos sobre los medicamentos psicótropos y las dosis que estaban tomando”. Mientras, en el CP Madrid VI, de Aranjuez, se detectó “una alta tasa de prescripción” de estos fármacos, por lo que se instó a extremar las precauciones.