España se encuentra a la cola europea de la colaboración sanitaria público-privada en la lucha contra la pandemia de la Covid-19. La decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas han generado un perjuicio inasumible para las clínicas.
El mando único provocó que muchos centros privados tuviesen que rechazar a sus pacientes habituales para dar cabida a enfermos por el coronavirus SARS-CoV-2 que nunca llegaron por estar en zonas de baja incidencia de la pandemia. De esta forma, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se permitió acogerse a ERTE por ser un sector estratégico. Esta situación ha provocado que ahora mismo esté en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios según los datos ofrecidos por la Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE).
Tras la caída del mando único y el fin del Estado de Alarma, el Gobierno ha delegado en cada una de las 17 comunidades autónomas la regulación de la colaboración entre la sanidad pública y privada. El impacto en la facturación varía en función de cada comunidad autónoma. Así, Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias son las que han sufrido un mayor descenso. Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las zonas que se han visto menos afectadas. Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia.
Se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se permitió acogerse a ERTE por ser un sector estratégico
Esta falta de homogeneidad hace prácticamente imposible la planificación y optimización de recursos para luchar contra la pandemia y para garantizar la rentabilidad de un sector que supone el 3,4% del PIB nacional y emplea a 266.000 profesionales de alto valor.
Mientras en España cada comunidad hace lo que considera sin que el Gobierno establezca unas tarifas razonables y homogéneas, en Francia, Alemania y Reino Unido se ha impuesto una fórmula de colaboración en la que prima la salud de la población y la compensación a las empresas para garantizar un servicio adecuado y el mantenimiento de un sector estratégico y de alto valor añadido.
En nuestro país la legislación varía de comunidad en comunidad y no existe unanimidad a la hora de fijar criterios ni de salud ni económicos para utilizar todo el potencial del sector privado en la lucha contra la pandemia y garantizar la salud de la ciudadanía, la población reclama una mayor cooperación público-privada.
Según la “Encuesta de percepción sobre la aportación de la sanidad privada”, elaborada por la Fundación Idis, un 56,6% de los españoles cree que el nivel de colaboración sanidad pública-privada debería aumentar y un 61% considera la sanidad privada, donde trabajan unos 260.000 profesionales, una importante fuente de creación de empleo. Pero la realidad es otra. Cerca de 60.000 profesionales y unos 2.400 centro de salud privados agonizan entre 17 burocracias distintas justo cuando el país más necesita una atención sanitaria asequible y de calidad.