El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga del estado de alarma en los términos en los que fue respaldado la pasada semana en el Congreso de los Diputados. De esta manera, su vigencia se extenderá entre el próximo 9 de noviembre y el 9 de mayo de 2021. No obstante, esta herramienta jurídica será revisada a los cuatro meses (marzo), pudiendo ser levantado a propuesta de la Conferencia de Presidentes y previo acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS.
Durante la rueda de prensa, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que hasta dicha fecha, el estado de alarma será “la herramienta legal que dota a cada comunidad autónoma competente del pleno amparo constitucional y de respaldo jurídico” para que impongan las medidas que consideren oportuna para frenar la transmisión del Covid-19 en función de su situación epidemiológica.
El Gobierno continúa mostrándose “convencido” de que dicha herramienta “es un mecanismo eficaz que ha demostrado su validez y utilidad para combatir al virus”
En esta línea, también ha respondido de alguna manera a los territorios que están solicitando al Gobierno modificar lo aprobado para que se puedan aplicar confinamientos domiciliarios, como así lo ha propuesto Asturias. No obstante, esta posible actuación es descartada por el Ejecutivo central por el momento.
Montero ha subrayado que al igual que está ocurriendo en el conjunto de la Unión Europea, “se sigue registrando un aumento del número de contagios” lo que se corresponde con “el reflejo de lo que ocurrió hace una semana”. Es consecuencia del “aprendizaje de la primera ola de la pandemia”. Por ello, ha advertido que “es pronto para valorar el impacto de este nuevo estado de alarma”, por lo que ha instado a actuar con “cautela” aunque espera que lo aprobado “tenga reflejo”.
De esta forma, el Gobierno continúa mostrándose “convencido” de que dicha herramienta “es un mecanismo eficaz que ha demostrado su validez y utilidad para combatir al virus”. A su juicio, hacen falta “medidas contundentes que permitan frenar su expansión”, al tiempo que ha recordado que son los técnicos quienes tienen que decidir las actuaciones que se han de adoptar “a raíz de los resultados” y proponer que se pongan en marcha.