Desconocimiento. Esta es la mejor forma de definir los inicios de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. El mundo contemplaba a principios de 2020 como el nuevo coronavirus golpeaba con una feroz virulencia los países asiáticos. Pensamos erróneamente que las imágenes de ciudades completamente vacías por los confinamientos masivos, los hospitales colapsados y la implantación de medidas propias de escenarios bélicos no se replicarían en los países occidentales. Una falta de perspectiva que a día de hoy continúa sin entenderse en un mundo globalizado e interconectado como en el que vivimos. Incluso cuando el virus asolaba Italia, muchos países europeos entre los que se encontraba España, pecaron de precavidos. Pero el virus llegó. Mejor dicho, el virus ya estaba entre nosotros y la inacción de los gobiernos facilitó una expansión que pagamos demasiado caro.
Cuando las lejanas imágenes de China comenzaron a producirse en España y el resto de Europa, todos los países intentaron proteger a sus poblaciones. Productos sanitarios como las mascarillas, guantes, equipos de protección para los profesionales sanitarios, respiradores, geles de solución hidroalcohólica o pruebas diagnósticas se convirtieron no solo en bienes de primera necesidad, sino en elementos que marcaban la diferencia entre vivir o morir. Fue entonces cuando los gobiernos, ante la escasez de muchos de estos en sus territorios, se lanzaron a la compra en un mercado internacional en el que la demanda superaba con creces a la oferta. Una fotografía que fue definida perfectamente por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa: “jungla”.
Ante esta situación Illa decidió rubricar decenas de contratos para la adquisición de equipos y material de protección contra la Covid-19 a precios que se situaban por encima de los valores reales del mercado previos a la pandemia o que no cumplían con los canales oficiales, como fue el caso de la compra de algunos productos por medio de empresas que ignoraban las Cámaras de Comercio de España y China. La solución del Ministerio de Sanidad generó una polémica tras otra poniendo en la diana a sus gestores de compra: Ingesa.
Durante el primer trimestre de 2020 se abrieron seis expedientes de resolución contractual para la agilización de la adquisición de material sanitario para hacer frente a la primera ola. El total de estas compras ascendía a 50.245.168,30 euros, de los que aún quedan pendientes 7.053.185,29 euros
Ahora El Español ha publicado que algunos de estos contratos no llegaron a ejecutarse a pesar de que se pagaron por adelantado. Una situación que se traduce en pérdidas para el Departamento que ahora dirige Carolina Darias por valor de siete millones de euros. Una cantidad que deriva únicamente de contratos que fueron firmados durante el primer trimestre de 2020.
La información publicada por la referida cabecera se ha conocido a través de la respuesta del Ejecutivo central a una pregunta parlamentaria registrada en el Senado por el portavoz del PP, Antonio Román. El escrito emitido por el Gobierno a modo de respuesta indica que durante el primer trimestre de 2020 se abrieron seis expedientes de resolución contractual para la agilización de la adquisición de material sanitario para hacer frente a la primera ola. El total de estas compras ascendía a 50.245.168,30 euros, de los que aún quedan pendientes 7.053.185,29 euros. La respuesta del Gobierno indica al respecto que se ha reclamado por “vía voluntaria” la cantidad de 6.203.400,10 euros.
La devolución de parte de esa cantidad corresponde a la empresa Hyperin Grupo Empresarial SL. Lo más llamativo es que esta empresa se contrató para la compra de material sanitario por valor de más de tres millones de euros, a pesar de que su actividad se centra en la construcción. Del total pagado se ha devuelto hasta la fecha 1,5 millones de euros. La cantidad restante no queda especificada por parte de Sanidad sobre a qué empresas corresponder.
Los errores cometidos por parte del Gobierno en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia se intentaron corregir mediante la creación de un gran contrato por valor de 2.500 millones de euros destinado a la adquisición de material sanitario que fue puesto a disposición de las comunidades autónomas. Deberían adherirse por regiones y no terminó resultando como se había planeado en origen. Finalmente, ante las críticas de varias comunidades autónomas, Illa lo anuló y se publicó con nuevos pliegos. A 11 de noviembre el Ministerio de Sanidad, tal y como recuerdan en El Español, informaba de que se había resuelto el 54% del contrato, aunque se dejó fuera entre otros materiales las mascarillas. Una situación que se tradujo en que varias comunidades autónomas abandonasen este sistema de compras centralizadas y decidiesen realizar las adquisiciones por su cuenta.