La pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no solo ha golpeado con una virulencia pocas veces vista a las sociedades, sistemas sanitarios y economías de todo el mundo. La Covid-19 ha supuesto y supone una prueba de fuego para toda la clase política y las autoridades responsables de velar por la salud de la ciudadanía. En el caso de España, la gestión de la pandemia se encuentra en el disparadero prácticamente desde sus inicios. Ya no valen aquellos discursos cargados de vacua narrativa escudados en una falsa transparencia con los que día tras día los españoles eran testigos mudos de cómo la improvisación era la voz imperante desde Moncloa.
Mientras la clase política en general y el Gobierno en particular intentan convencernos de que luchan por la protección de nuestros derechos e intereses, el circo orquestado por nuestros representantes ofrece penosas funciones diarias. Y en este escenario se ha conocido una noticia que no hace sino aumentar la crispación, las dudas y minar la credibilidad. El Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva adjudicación en la que la empresa que acabó siendo la adjudicataria fue la única que se presentó a un proceso “negociado sin publicidad acelerado”, debido a la “situación extrema de urgencia” causada por la pandemia. Una publicación que se realiza con siete meses de retraso.
Tal y como informan desde La Razón, se trata de un acuerdo por una cuantía total de 295.603 euros (IVA incluido) con la consultora privada Accenture, con la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) de Farmacia dirigida por Patricia Lacruz, cuya firma aparece en el acuerdo junto a la de Juan Fernando Muñoz Montalvo, subdirector general de Tecnologías de la Información. El organismo dirigido por Lacruz, adscrito al Ministerio de Sanidad, ha protagonizado varios escándalos a lo largo de toda la pandemia como la compra de miles de test defectuosos en el momento álgido de la primera ola.
En el documento Sanidad explica que el Ministerio no contaba con los recursos humanos suficientes en materia de especialización técnica requeridos para poder prestar un servicio que no es considerado necesariamente como público por lo que pudo ser externalizado
De acuerdo a la memoria del referido contrato, el objetivo del mismo se centra en “la tramitación de la contratación de emergencia de la definición, implantación y operación de un cuadro de mando para el Centro de Mando y Control (CDC) de la evolución de la Covid-19”. Cabe señalar que el BOE indica como fecha de envío de dio contrato el pasado 15 de octubre, pero la memoria en la que se justifica el mismo está fechada el pasado 23 de marzo.
En el documento Sanidad explica que el Ministerio no contaba con los recursos humanos suficientes en materia de especialización técnica requeridos para poder prestar un servicio que no es considerado necesariamente como público por lo que pudo ser externalizado. Aquí entra en juego Accenture cuya principal tarea era ayudar en la gestión, análisis y explotación de todos los datos remitidos por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. Más concretamente y, tal y como se recoge literalmente en el documento, “de datos epidemiológicos, de situación de capacidad asistencial y de necesidades logísticas”.
Partiendo de esta base a la consultora se le encomendó la tarea de definir, implantar y operar un cuadro de mando encargado de realizar el análisis y la explotación de los datos reportados por los servicios de salud de las comunidades autónomas una vez que estos fuesen enviados al Departamento dirigido por Salvador Illa.
“La plataforma deberá permitir al menos visualizar la evolución de las necesidades y la capacidad asistencial por territorio, así como la generación de informes en varios formatos”
“La plataforma deberá permitir al menos visualizar la evolución de las necesidades y la capacidad asistencial por territorio, así como la generación de informes en varios formatos”, establecía el documento. Sanidad determinó que ese cuadro tendría que contener lo que podríamos definir como un mapa de calor a través del que poder efectuar un seguimiento de la evolución epidemiológica en cada una de las comunidades autónomas. Hablamos de una información vital puesto que la consultora, mediante el análisis de toda la información reportada por las comunidades autónomas, debería ofrecer a Sanidad una fotografía concreta en materia de evolución epidemiológica, capacidad asistencial y recursos humanos y materiales no solo a nivel autonómico sino provincial e incluso por centros.
Por todos es sabido que en los que meses que llevamos de pandemia la información ofrecida por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, con Fernando Simón a la cabeza, ha pecado de errores en más ocasiones de las que nos hubiera gustado. Los datos ofrecidos por las comunidades autónomas sobre su situación epidemiológica nunca han casado con los hechos públicos por Sanidad y la disparidad de criterios entre el Ejecutivo central y las distintas autonomías a la hora de contabilizar fallecidos y nuevos positivos por Covid-19 ha sido la tónica. Sanidad siempre ha culpado a las comunidades autónomas puesto que ellos trabajan sobre los datos enviados por estas y las autonomías acusan al Gobierno de fallos y falta de transparencia.
¿Cuál ha sido el papel de esta consultora en todo este proceso? ¿Por qué han tenido que pasar más de siete meses para ser conocedores de esta contratación prácticamente a dedo amparada en la emergencia? Nuevas preguntas que suman más incógnitas a una gestión que únicamente puede ser calificada como torticera.