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DENUNCIADO EN 2017

Europa conocía los fraudes de los seguros británicos y echó balones fuera

ASPE denunció en 2017 ante la Comisión Europea el fraude que estaban llevando a cabo las aseguradoras británicas

Banderas de la Unión Europea (Foto: Pixabay).
Banderas de la Unión Europea (Foto: Pixabay).

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18.09.2019 - 00:00

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) denunció el pasado julio que algunas aseguradoras británicas están llevando a cabo malas prácticas a través de las cuales está estafando a los turistas que contratan seguros sanitarios para sus vacaciones en España.

Estas aseguradoras están ofreciendo en sus paquetes para turistas que viajan a España seguros que incluyen la asistencia sanitaria. Sin embargo, una vez que estos turistas acceden a un hospital privado, el seguro les impide tratarse en él forzando el traslado a un hospital público. El objetivo de estas compañías es no pagar los gastos del tratamiento a pesar de ofrecer la prestación.

“No hay pruebas suficientes de la participación de las autoridades públicas ni de su pasividad respecto de las supuestas infracciones"

Aunque ASPE hizo pública la denuncia a comienzos del verano empezó a tomar cartas en el asunto mucho antes. Según documentos a los que ha tenido acceso ConSalud.es, la patronal de la sanidad privada interpuso una denuncia en abril de 2017 en la que informaba a la Comisión Europea sobre las prácticas fraudulentas de ciertas aseguradoras.

La respuesta del organismo europeo, a la que también ha tenido acceso este medio, no dejó indiferente a nadie. Y es que desde la Comisión Europea decidieron lavarse las manos en el asunto, poner la pelota en manos de España y “proceder al archivo de este asunto”.

El archivo de la denuncia se llevó a cabo no sin antes realizar una investigación y un análisis previo. La Comisión dictaminó que “no hay pruebas suficientes de la participación de las autoridades públicas ni de su pasividad respecto de las supuestas infracciones del Derecho de la UE por parte de las compañías de seguros”.

Desde la Comisión Europea recomendaron a ASPE ponerse en contacto con las autoridades británicas ya que todavía no habían “agotado las vías reparación locales que ofrece el sistema jurídico de Reino Unido”.

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