Un informe elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española concluye que ninguna de las resoluciones jurídicas en torno al caso de la talidomida en España “resulta enteramente convincente”. Las víctimas del medicamento de Grünenthal que causó malformaciones a miles de personas en todo el mundo, representadas por Avite, han presentado este documento como una prueba más que corrobora la necesidad de paliar su daño.

Los afectados españoles son unos de los pocos de todo el mundo que por el momento no han recibido ningún tipo de compensación, ni por parte de la farmacéutica ni del Estado español. Este nuevo informe se rechaza también algunas de las últimas resoluciones judiciales en las que se detalló el argumento de la prescripción del caso. “Creemos que algunos detalles de las sentencias sobre el caso son censurables”, dicen los abogados al recordar la manifestación del ATC 148/2016 acerca de que no descarta que existan “afectados por la talidomida diferentes que puedan ejercitar acción individual con resultado distinto del aquí alcanzado”. Al respecto, el Consejo General de la Abogacía se pregunta “¿qué eventual afectado con este antecedente judicial puede aventurarse a un proceso con el coste que ello genera?”.

"El reclamado papel activo por parte de los poderes públicos parece haberse materializado en el Plan del Gobierno anunciado a finales de julio de este 2017"

En este documento también se critica la ambivalencia con la que se emplea el Informe Heidelberg, desechado por la Audiencia Provincial por no venir referido a víctimas españolas y que, sin embargo, sirve de enganche al Tribunal Supremo para apreciar la prescripción.

PRESCRIPCIÓN DEL CASO

El Consejo General de la Abogacía Española destaca además que la magnitud que adquiere el debate en torno a la prescripción “termina aislando elementos del caso que deben tener también protagonismo indiscutible: nos referimos sobre todo a la relación de causalidad”. Los abogados catalogan de “chocante” la afirmación del Tribunal Supremo sobre este asunto.

Por último, este informe deposita su confianza en la búsqueda de una solución por parte de los poderes públicos y señala que “parece haberse materializado en el Plan del Gobierno anunciado a finales del julio de este 2017 que, esperamos, abra la puerta a la solución del conflicto”.