La University of New South Wales (UNSW) de Sidney, Australia, ha presentado una nueva investigación con motivo del Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID) de este año en Copenhague. La investigación, realizada por la profesora asociada Holly Seale y otros investigadores, revela los "elevados costes humanos y las repercusiones negativas de las restricciones fronterizas y las prohibiciones de viajar durante la pandemia de COVID-19 para los ciudadanos varados en el extranjero", según exlica la investigación. También pone de manifiesto el "escaso apoyo financiero y sanitario que prestan los gobiernos nacionales a sus ciudadanos atrapados en el extranjero", se añade.
Estas medidas restrictivas, recuerda el estudio, afectaron a diversos grupos como turistas, viajeros de negocios, familias, estudiantes internacionales y trabajadores migrantes de corta duración. "Se ha prestado muy poca atención a las consecuencias imprevistas de estas restricciones en la vida y el bienestar de las personas", según Seale. "A menudo la atención se centra en el turismo y las vacaciones, pero muchas decenas de miles de personas se vieron separadas de sus parejas o familias durante 18 meses o más. Esperamos que nuestras conclusiones ayuden a los responsables políticos a planificar y comunicar paquetes de ayuda para esta población vulnerable en futuras crisis de salud pública".
"Esperamos que nuestras conclusiones ayuden a los responsables políticos a planificar y comunicar paquetes de ayuda para esta población vulnerable en futuras crisis de salud pública"
A través de este estudio, que incluyó cuatro líneas distintas, los investigadores trazaron el impacto de las restricciones fronterizas y de viaje en los viajeros internacionales y australianos. En primer lugar, analizaron la información gubernamental en línea relacionada con COVID-19 y las opciones de apoyo proporcionadas por 11 países a sus ciudadanos varados en el extranjero en junio de 2021. Esta línea determinó que la mayoría de los países ofrecían algún tipo de ayuda en relación con las opciones de repatriación, el control fronterizo y las medidas de reentrada, la asistencia médica y el registro de viajeros, "pero ningún país ofrecía todos estos tipos de ayuda", se informa.
Además, sólo tres países ofrecían información y apoyo para alojamiento de emergencia (Reino Unido, Australia y Canadá) y sólo cinco ofrecían algún tipo de apoyo en materia de salud mental (Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos). Menos de la mitad (5 de11 países) ofrecían algún tipo de ayuda económica (Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, EE.UU.).
El estudio añade además a este respecto que "la la información relacionada con la COVID-19 proporcionada por los sitios web gubernamentales de los cuatro países examinados (Australia, Canadá, Reino Unido y Francia) era poco accesible", especialmente para las personas con bajo nivel de alfabetización, discapacidades o un dominio limitado del inglés. "Nuestros resultados ponen de manifiesto lagunas, incoherencias y posibles desigualdades en el apoyo disponible, y plantean cuestiones relativas a la calidad, accesibilidad y facilidad de uso de la información", afirma Seale.
"Nuestros resultados ponen de manifiesto lagunas, incoherencias y posibles desigualdades en el apoyo disponible, y plantean cuestiones relativas a la calidad, accesibilidad y facilidad de uso de la información"
Asimismo, se estudió el impacto psicológico y financiero de las restricciones de viaje COVID-19, el equipo encuestó a más de 2.400 personas varadas en el extranjero en las seis regiones del mundo entre julio y septiembre de 2021 y noviembre y diciembre de 2021. Más de la mitad llevaban varados más de cinco meses y la mayoría había sufrido más de una cancelación o cambio de vuelo. Casi dos tercios (64%) de la muestra declararon estrés financiero y depresión de moderada a grave, y más del 40% experimentaron ansiedad y casi el 60% declararon estar estresados. Además, 1 de cada 10 se quedó sin hogar.
Los niveles de angustia eran aún mayores entre las personas separadas de sus parejas o familiares directos y los titulares de visados temporales. De ellos, más del 71% declararon estrés económico (con un gasto medio de 7.285 dólares estadounidenses); el 77% experimentaron una depresión de moderada a extremadamente grave; y más de la mitad declararon niveles de ansiedad (52%) o estrés (63%) de moderados a graves. "Los niveles de angustia declarados por este grupo especialmente vulnerable son drásticamente superiores a los declarados por los trabajadores migrantes, el personal sanitario y la población general durante la pandemia. Los encuestados también informaron de poca o ninguna asistencia por parte de sus gobiernos nacionales, lo que subraya la importancia de proporcionar apoyo adicional a este grupo vulnerable en futuras crisis de salud pública".
Por último, el equipo de investigación preguntó a los encuestados cómo accedían a la información sobre las restricciones de viaje por COVID-19 y su utilidad percibida. La gran mayoría (78%) pensaba que los grupos de medios sociales eran los más útiles, siendo Facebook el más útil y utilizado (87%), lo que sugiere que esta plataforma podría ser especialmente influyente para que los gobiernos difundan información sobre futuras restricciones de viaje. Por el contrario, las fuentes gubernamentales, incluidas las páginas web, los centros de atención telefónica y las publicaciones en las redes sociales de las embajadas locales, se consideraron las menos útiles.
Sin embargo, esto oculta el papel que desempeñan la edad y el sexo en el comportamiento de búsqueda de información. Por ejemplo, las mujeres tienden a encontrar las redes sociales más útiles que los hombres, que tienden a apreciar más la información proporcionada por amigos y familiares. Para los ciudadanos y residentes permanentes en el extranjero mayores de 50 años, el método preferido por los gobiernos para difundir información era a través de un sitio web designado, mientras que para los de 50 años o menos, se recomendaban las redes sociales, los correos electrónicos del gobierno y un sitio web específico.
"El cambio hacia la búsqueda de información en las redes sociales en lugar de fuentes más tradicionales conlleva el reto de frenar la desinformación generalizada y perjudicial. Más del 60% de nuestros encuestados declararon haber recibido información inexacta o engañosa en grupos de redes sociales. Además, la búsqueda de información no es unívoca, lo que subraya la necesidad de que los gobiernos difundan sistemáticamente información clara, precisa y oportuna a través de múltiples canales de comunicación", concluye Seale.