Un comunicado de Instituciones Penitenciarias anunció en septiembre que el Ministerio del Interiorretomó las conversaciones con las CC.AA. para abordar la transferencia de competencias en materia de sanidad penitenciaria. El objetivo de esta medida es dar cumplimiento a la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que dispone que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
Según informaron desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, desde julio de 2018 se han mantenido contactos y reuniones con las comunidades autónomas de Navarra, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.
Las reuniones más recientes han sido con la Comunidad Valenciana y Cantabria, y en agenda estuvieron también reuniones con Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Canarias. Hasta la fecha solo Cataluña y País Vasco tienen las competencias transferidas, penitenciarias en el primer caso y solo sanitarias en el segundo.
La subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria de Instituciones Penitenciarias, Carmen Martínez Aznar, en una entrevista exclusiva para ConSalud.es ha hecho balance del punto de situación en el que se encuentran las transferencias. La situación política con sucesivos cambios de interlocutores por parte del Gobierno central y las comunidades autónomas ante las distintas convocatorias electorales no han ayudado a cumplir este mandato.
Han reanudado los encuentros con los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas para negociar la transferencia sanitaria. ¿Cómo van estas reuniones?
Entre los Objetivos Estratégicos de esta Secretaría General de II.PP., se encuentra el de propiciar la transferencia de la Sanidad Penitenciaria, con el fin de cumplir lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
"No se entiende que una persona privada de libertad tenga menos derechos sanitarios que cuando estaba libre"
Y en ese trabajo estamos desde mi llegada a la Subdirección General de Sanidad. Desde agosto de 2018, hemos mantenido reuniones y videoconferencias con las CC.AA. con el objetivo de iniciar el proceso de transferencia. Desde el pasado mes de julio de 2019, tras las elecciones autonómicas, el Secretario General de II.PP. envió escritos a todos los consejeros/as de Salud de todas las CC.AA solicitando una reunión en materia de transferencias sanitarias.
Se ha avanzado mucho con las comunidades de Navarra y Baleares. Y confiamos en seguir avanzando con el resto. No se entiende que una persona privada de libertad tenga menos derechos sanitarios que cuando estaba libre.
¿Ve posible la transferencia de la sanidad penitenciaria? ¿Qué está ralentizando este proceso?
No se trata de una posibilidad, sino de una obligación. Tenemos un mandato legal de transferencia que lleva 16 años de retraso. Pero para llevar a cabo la transferencia no solo basta con la voluntad de la Administración Penitenciaria ya manifestada. Necesitamos de la voluntad de las CC.AA y que se den los pasos necesarios por parte de todas las administraciones implicadas.
"Necesitamos de la voluntad de las CC.AA y que se den los pasos necesarios"
La única comunidad autónoma que ha llevado a cabo este mandato legal, con independencia de Cataluña, que tiene todas las competencias en materia penitenciaria, ha sido el País Vasco en el año 2011. Y es un ejemplo de consolidación y culminación de la transferencia con éxito y buenos niveles de funcionamiento.
Los sanitarios de prisiones se quejan de la calidad de la asistencia sanitaria. ¿II.PP. está en condiciones de garantizar una asistencia médica en condiciones con la falta de recursos que existen en los centros?
La profesionalidad y el enorme esfuerzo de los profesionales sanitarios de la Administración Penitenciaria están garantizando la asistencia a los internos. Son profesionales entregados que, además, no quieren dejar de trabajar en prisiones más allá de las diferencias salariales y el resto de problemas de la Sanidad Penitenciaria.
Faltan médicos, no se cubren las plazas ofertadas para funcionarios médicos interinos, la elevada edad media de dichos profesionales y el número de jubilaciones anticipadas que se están produciendo.