El Consejo de Estado ha recomendado al Gobierno central que adapte la actual legislaciónsanitaria de forma que sea posible afrontar la contención de la pandemia y permita a las comunidades autónomas obtener la seguridad jurídica suficiente para seguir tomando medidas de restricción una vez decaiga el estado de alarma, previsto para el 9 de mayo.
El principal órgano consultivo del Gobierno, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, lo ha puesto de manifiesto en el dictamen que realizó sobre la ley gallega de salud, en el que también le recomendó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la misma por poder vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En concreto, aconseja modificar la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de SaludPública.
El Consejo de Estado cree que la ley de salud pública de 1986 "no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura”
Según recoge Europa Press, apuntan que su contenido “podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública”.
En este sentido, el Consejo de Estado apunta a una modernización de dicha legislación sanitaria al considerar que “no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura”. Subrayan, además, que dicha norma se implementó “hace casi cuarenta años” y que “contiene una regulación en extremo genérica de las medidas especiales en materia de salud pública limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas”.
A pesar de ello, se trata de una simple recomendación ya que este informe del Consejo de Estado es preceptivo pero no vinculante. De esta forma, el Gobierno central tiene la opción de hacer caso a este consejo u obviarlo, como parece que será.