Hace más de un año que la pandemia de Covid-19 irrumpió con fuerza a España y desde entonces, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen prácticamente cada semana para tomar importantes decisiones de salud con respecto a la gestión de la crisis sanitaria. A pesar de que conocemos a nivel general los acuerdos alcanzados, desde entonces no se han hecho públicas las actas de esos encuentros.
Para que un acta de un pleno del ConsejoInterterritorial sea aprobada, tiene que hacer en un pleno ordinario. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia todas estas reuniones se han convocado con carácter extraordinario. Así lo ha asegurado el Ministerio de Sanidad a 20 Minutos, que ha requerido el acceso a dichas actas, las cuales aportarían más información con respecto a las decisiones adoptadas.
Sanidad explica que no ha sido posible aprobar las actas de los plenos del Interterritorial porque no se ha convocado ninguna sesión ordinaria por motivos de urgencia
Según detalla el portaldeTransparencia cuando se solicita el acceso a esta información, la materia se encuentra “en curso de elaboración o de publicación en general”. Así explican que las actas aún no han sido aprobadas y, por lo tanto, no es posible acceder a ellas. En esta línea, el departamento que dirige Carolina Darias afirma que en 2020 y 2021 “no se ha realizado ninguna sesión ordinaria por motivos de urgencia”, de forma que “no ha sido posible” aprobar las actas.
Desde el inicio de la pandemia, el Consejo Interterritorial ha sido el principalórganopolítico a través del cual el Gobierno y las comunidades autónomas han tomado las decisiones más importantes para combatir la incidencia de Covid-19. Hablamos, por ejemplo, de las medidas de restricción, de los procesos de desescalada o de la elaboración de la campaña de vacunación, entre otros asuntos.
Y amparándose en la relevancia de este órgano, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez pretende que sea el Consejo Interterritorial el que decida cómo actuar cuando decaiga el estadodealarma, que está prorrogado hasta el próximo 9 de mayo. El Ejecutivo central quiere que sea allí donde se tomen las decisiones, confiando en que el proceso de vacunación se acelerará y permitirá un incremento de la inmunización de los españoles frente al Covid-19.