El Parlamento Europeo ha adoptado nuevas normas y sanciones sobre delitos medioambientales. "Los crímenes medioambientales están entre las cuatro actividades delictivas más grandes del mundo", ha explicado Antonius Manders, eurodiputado ponente sobre la directiva.
Se trata de crímenes que, además, tienen altos costes para los países. No en vano, según los datos de Manders, se necesita casi el PIB anual de Portugal para hacer frente a la limpieza y a los daños medioambientales de la contaminación. Es decir, "cuesta mucho corregir estos delitos". Es por ello que la Unión ha puesto sobre la mesa la necesidad poner coto a este tipo de actuaciones para que no quedasen impunes.
"En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán. Además, es un gran paso en la dirección correcta que cualquier persona que ocupe un cargo directivo en una empresa que contamine pueda ser considerada responsable, al igual que la propia empresa", ha añadido Manders.
"Es un gran paso en la dirección correcta que cualquier persona que ocupe un cargo directivo en una empresa que contamine pueda ser considerada responsable"
Así, el Parlamento ha dado luz verde (con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones) a esta nueva normativa que incluye, entre otras cuestiones, una lista actualizada de este tipo de delitos. Entre ellos tendríamos el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.
Igualmente, la nueva normativa incluye el denominado "delito cualificado", clasificación en la que entrarían los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, que conlleva la destrucción de un ecosistema y es perjudicial para la salud humana, animal y del planeta. Cabe destacar que no sólo la industria estaría en el punto de mira de la normativa, también los agricultores podrán ser sancionados.
Otra de las grandes novedades de esta normativa es que se han incluido penas de cárcel, además de multas, para quienes cometan estas actividades. Más específicamente, los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión, los que causen la muerte de personas con diez años, y los demás delitos con hasta cinco años. Así, el máximo que, por ejemplo, el directivo de una empresa podría estar en la cárcel si su actividad llegase a causar muertes, serían diez años.
"Espero que haya menos muertes causadas por la contaminación con esta nueva normativa"
Además, quienes infrinjan las normativa tendrán que restablecer el entorno que hayan dañado y pagar una serie de multas que, para las empresas, podrán alcanzar el 3% o el 5% de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito. Igualmente, los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.
Por el lado de las personas que quieran denunciar estas situaciones, la UE garantiza que "recibirán apoyo y asistencia en el marco del proceso penal"; y los policías, jueces y fiscales, recibirán una formación especializada para que tengan herramientas en la lucha contra la delincuencia medioambiental.
No obstante, y según ha declarado Manders, no se han alcanzado todos los objetivos que se esperaba, pues "el Consejo se mostró reacio" a incluir, por ejemplo, un fiscal general europeo para crímenes medioambientales. Pese a ello, "a fin de cuentas", ha subrayado el ponente, "espero que haya menos muertes causadas por la contaminación" con esta nueva normativa.