Continúan las sesiones de las comisiones de investigación por la compra pública de mascarillas durante la pandemia del coronavirus en el Congreso de los Diputados. Este lunes será el turno de Francina Armengol, actual presidenta de la Cámara Baja y presidenta de las Islas Baleares en el momento de la trama. Armengol no será el único ex alto cargo de Baleares que pasará por la comisión este lunes. Manuel Palomino, que en su momento era el director general de Salud, será el primero en comparecer por la mañana, seguido del exconsejero de Industria, Comercio y Turismo, IagoNegueruela.
El gobierno de las Islas Baleares en aquel momento compró material sanitario a la empresa de Koldo García (Soluciones de Gestión), principal investigado de la ‘Operación Delorme’ por corrupción en estas ventas. El material que se recibió, no obstante, no correspondía con la compra. Es por ello que los exdirigentes tendrán que aportar la documentación pertinente sobre estas compras, que ascendieron, según explicó la expresidenta a 3,7 millones de euros. Fueron concretamente compras de mascarillas FFP2.
Pese a que Armengol comparecerá en el Congreso, la expresidenta ya se ha pronunciado públicamente al respecto de estos contratos. De hecho fue ella la que explicó la cuantía de las compras. "Se nos vendieron mascarillas como FFP2, y nosotros las compramos porque los técnicos pensaron que era necesario tenerlas en una situación terrible". De ahí la cifra de los 3,7 millones de euros. La comisión no obstante verificará si estas compras se hicieron legalmente o hubo alguna irregularidad.
El gobierno de las Islas Baleares en aquel momento compró material sanitario a la empresa de Koldo García
En cualquier caso Armengol siempre ha defendido que las compras se hicieron de manera correcta en una situación de necesidad. "Lo que hicimos fue intentar comprarmascarillas donde se vendía y en ese momento era China" y "lo volvería a hacer mil veces", decía. De hecho, el gobierno autonómico contó con el aval de las entidades pertinentes, pues todo se mandó a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. "Se mandaron las mascarillas y con los resultados nos dijeron que no eran malas, sino que no filtraban como FFP2, pero que servían como mascarillas quirúrgicas".
Dado que las mascarillas no se correspondían con la compra realizada, el gobierno autonómico las guardó. “Decidimos almacenar esas mascarillas", para reclamar a la empresa la diferencia de precio si se tratase de un precio distinto. "Se guardó todo porque la devolución hay que hacerla al completo, y se trabajó para hacer una reclamación". Armengol también decía que la reclamación se formalizó en julio, es decir, antes de las elecciones. "A partir de ahí se hace el traspaso de poderes y se explica la situación al PP. Desde entonces, la responsabilidad del expediente es del nuevo gobierno, que tiene que explicar que ha pasado con ese expediente".
De esta manera, la expresidenta ponía el punto de mira en el actual gobierno balear, capitaneado por Marga Prohens como presidenta, y Manuela García como consejera de Salud, ambas del Partido Popular. Por su parte, el nuevo ejecutivo ha dejado claro que la responsabilidad no les pertenece. La consejera de Salud de hecho dijo al PSOE de Baleares que “dejase de esconderse detrás de los funcionarios”, pues el anterior ejecutivo alega que las decisiones las tomaban los técnicos de las consejerías.
La expresidenta ponía el punto de mira en el actual gobierno balear, capitaneado por Marga Prohens
Igualmente, Manuela García recalcó que por su parte no se habían realizado contrataciones con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama. “No hubo ninguna reunión ni ningún acuerdo" del actual Govern con la empresa. "Los que llegaron a un pésimo acuerdo fueron ustedes", decía señalando a sus opositores en la asamblea autonómica hace unas semanas al ser preguntada por la cuestión.
Por su parte, Javier Ureña, director del servicio balear de salud, contestó también a las afirmaciones de Armengol sobre que el caso se había traspasado al nuevo gobierno. Según afirmó, "en ninguna de las dos reuniones" que tuvieron ambas administraciones para el traspaso de la Consejería de Salud se les informó "de este caso". Igualmente, aseguró que la intención del ejecutivo de Prohens es la de recuperar los 3,7 millones, pero que se hará por la vía penal.
El PartidoPopular ha llegado a pedirladimisión de Francina Armengol de su cargo como presidenta del Congreso de los Diputados por esa situación, pero ella ha dejado claro que, "en el sumario, ni yo ni nadie de mi gobierno está siendo investigado". "La ciudadanía no se merece según qué espectáculos, y dado que el principal partido de esta cámara se ha saltado todas las líneas rojas posibles, tengo que salir a explicar algo que siento intensamente". En cualquier caso tendrá que comparecer este lunes, y será sometida a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios sobre su gestión de las compras.