El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha dado por acatado el requerimiento de incompetencia que envió a la junta de Castilla y León tras la recepción por parte del Ejecutivo del escrito enviado por la Junta en la que declara "no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno" y que "tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente".
Desde el Gobierno Central se ha enviado un comunicado que asume este escrito como una rectificación por parte del Gobierno de Castilla y León "Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores"
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha dado por acatado el requerimiento de incompetencia que envió a la junta de Castilla y León
Dentro del marco de las últimas actuaciones acontecidas en las últimas semanas, el pasado jueves el Ejecutivo Autonómico traslado al Gobierno Central que "inadmitía" el requerimiento, a lo que el Ejecutivo Central contestó "no se inadmite, un requerimiento se contesta". Ahora, tras el envío de este comunicado, se da por finalizado este conflicto administrativo, pero no el político que está lejos de darse por acabado, pues en este mismo comunicado remarca que ayer el portavoz del gobierno de Castilla y León expresó ante los medios que las nuevas medidas para las embarazadas -anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero — ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— seguían adelante.
Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores
En este sentido, recuerda que la nota de prensa del 12 de enero aún está publicada en la web, por lo que el Gobierno Central piensa que Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida. Por lo que se mantendrá "vigilante".
Los siguientes pasos a seguir por el Ejecutivo Central son claros, se enviará una carta al Gobierno Regional en la que se "recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias, que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término"
Por último, en el escrito que se va a enviar, también se pondrá en valor que en caso de materializarse "por cualquier vía", cualquier conducta al margen del actual marco normativo del Gobierno de España, "se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas"