El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha vuelto a aprobar este miércoles los objetivos de déficit negociados por el Gobierno con Bruselas y que suponían la flexibilización del gasto. Con él, se preveía que las comunidades autónomas pudiesen gastar unos 2.400 millones de euros más para los servicios públicos, entre los que se incluyen la sanidad, los servicios sociales o la educación.
Se trata de la segunda vez que el Ministerio de Hacienda lleva los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria a este órgano. No obstante, en la ocasión anterior fueron rechazados por la mayoría del Congreso de los Diputados. Ahora, al volver a ser aprobados por mayoría (con el voto a favor del Gobierno, los gobiernos autonómicos del PSOE y Cantabria), tendrán que pasar de nuevo por la votación de la Cámara Baja.
Al haber sido aprobados los objetivos de déficit, está previsto que viajen de nuevo al Congreso de los Diputados para lograr el máximo respaldo parlamentario y que no se repita el fiasco de julio
En concreto, las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, han llevado al CPFF la senda de estabilidad de los próximos tres años: ampliar dos décimas el déficit público del 0,1% al 0,3% para 2019, fijar el 0,1% en 2020 y el 0 en 2021. En esta ocasión, la Comunidad Valenciana (PSOE) ha votado a favor al haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno que le permitirá contar con 850 millones de euros más.
EN BUSCA DE APOYOS EN EL CONGRESO
Al haber sido aprobados los objetivos de déficit, está previsto que éstos viajen de nuevo al Congreso de los Diputados para lograr el máximo respaldo parlamentario y que no se repita el fiasco de julio. Tras ello, Unidos Podemos había exigido varias medidas, algunas de ellas sanitarias, para dar su respaldo, lo que motivó el bloqueo de las negociaciones con el PSOE. Sin embargo, este miércoles van a volver a reunirse.
Aún así, y aunque logren el apoyo de la formación morada, necesitan más ‘síes’ que ‘noes’. Asimismo, en caso de que sea así, la senda presupuestaria tendrá que pasar por la votación del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Si se aprueban, se podrá negociar el contenido de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.