Hace apenas dos semanas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitió al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, la propuesta normativa con la que el Gobierno pretende poner cerco al plástico y reducir al máximo los de un solo uso. De todos los sectores implicados, el sectorsanitario será de los menos perjudicados a nivel fiscal.
Según este proyecto, que ha sido calificado por el Congreso de los Diputados para recabar las enmiendas de los grupos parlamentarios, se prevé limitar por primera vez el uso de aquellos plásticos de un solo uso que no sean reutilizables, para lo cual se fijará un impuesto de 0,45 euros por kilogramo. No obstante, no todos estarán sujetos de esta nueva figura fiscal.
En los edificios públicos, a excepción de los centros sanitarios, se debe fomentar el consumo de agua potable no embotellada
El texto presentado alude a que estarán sujetas al impuesto “la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria” de estos envases no reutilizables. Sin embargo, la ley introduce algunas exenciones, quedando libre de impuestos. Entre ellas destacan aquellos productos que se destinen a “contener, proteger, manipular, distribuir y presentar medicamentos, productossanitarios, alimentos para usos médicos especiales o preparados para lactantes de uso hospitalario”.
En su lugar, sí que estarían sujetos a reducción productos de plástico como, entre otros, vasos para bebidas, recipientes para alimentos, bastoncillos de algodón (excepto lo que se usen en el ámbito sanitario), cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, palitos destinados a sujetar globos,
Por otra parte, dentro de las medidas de prevención que recoge el proyecto normativo, se incluye una recomendación a las administraciones públicas para que fomenten el consumo de agua potable en sus dependencias y otros espacios públicos mediante el uso de fuentes o envases reutilizables. El propósito es “reducir el consumo de envases de un solo uso”, es decir, de botellas de plástico. No obstante, los centrossanitarios sí que podrán venderlos.
RESIDUOS SANITARIOS
Otro objetivo de la ley es unificar criterios a nivel estatal. Para ello, y debido a que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, el Ministerio propone que en el plazo máximo de 5 años desde que entre en vigor se lleve a cabo “un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios, el cual se presentará en la Comisión de coordinación en materia de residuos, para la evaluación de la necesidad de desarrollo reglamentario de ámbito nacional”.
Antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos deben elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto junto a un un calendario que planifique su retirada
Por otra parte, se especifica que en situaciones que comprendan una crisis sanitaria “la recogida y gestión de residuos se considerará servicio esencial, especialmente la relativa a los residuos de competencia local y los residuos sanitarios”.
CENSO DE EDIFICIOS CON AMIANTO
Para continuar protegiendo al suelo de procesos de contaminación, la norma también recoge una disposición adicional por la que obliga a los ayuntamientos a elaborar, antes del 1 de enero de 2023, un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Cabe recordar que la manipulación de esta sustancia, presente en muchos medios de transporte y edificios públicos, ha provocado enfermedades y la muerte a muchas personas en España.