La Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis (OAFI) ha emitido un comunicado para informar del estado actual de los procedimientos de exclusión de los fármacos de acción lenta para el tratamiento de la artrosis, conocidos como SYSADOA, por parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia (en adelante, DGCCSyF) del Ministerio de Sanidad.
Tras la rueda de prensa que OAFI organizó en Madrid el 9 de julio de 2020, en contra del recorte sanitario que implica la desfinanciación de los SYSADOA, "se han producido diversos acontecimientos que evidencian una profunda insensibilidad y desinterés por parte de las autoridades responsables de miles y miles de pacientes, la mayoría de ellos de edad avanzada y con múltiples comorbilidades, que se verán profundamente perjudicados por la intención del Ministerio de Sanidad de extraer estos fármacos de la oferta de fármacos financiados por nuestro sistema público de salud".
El pasado mes de julio de 2020 OAFI se dirigió a la DGCCSyF, recordándoles su condición legal de interesados en dichos procedimientos, y requiriendo a este centro directivo que les notificase cualquier proyecto de resolución que se hubiese emitido, así como que se abstuviese de adoptar ninguna decisión final hasta que OAFI hubiese podido ejercer su derecho de presentar alegaciones al respecto.
"Se han producido diversos acontecimientos que evidencian una profunda insensibilidad y desinterés por parte de las autoridades responsables de miles y miles de pacientes, la mayoría de ellos de edad avanzada y con múltiples comorbilidades"
El 15 de julio de 2020 se entregó a OAFI un burofax de la DGCCSyF acompañado de las propuestas de resolución solicitadas por la fundación, en las que se proponía efectivamente la exclusión de los fármacos de la oferta farmacéutica pública. Dichas propuestas de resolución, tal como disponen nuestras leyes, informaban a la fundación de su derecho a presentar alegaciones a dichas propuestas de resolución en interés de los pacientes a los que representan en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a su notificación. "Nuestra fundación, además, solicitó expresamente al Ministerio de Sanidad que dicho plazo fuese ampliado por el periodo legalmente permitido", exponen.
"Nuestra fundación, como es nuestra obligación, formuló alegaciones dentro del plazo legalmente permitido, oponiéndose a la exclusión de estos fármacos fundamentales de la prestación farmacéutica pública dados los graves perjuicios que dicha decisión iba a acarrear a una población tan vulnerable como nuestros mayores; circunstancia a la que debe añadirse que estamos ante una indudable enfermedad de género, que ataca con especial gravedad a las mujeres. Para nuestra sorpresa, el 24 de julio de 2020 se notificó a nuestra Fundación por parte de la DGCCSyF del Ministerio de Sanidad que nuestras alegaciones no serían admitidas debido a que la decisión de expulsar a dichos medicamentos de la oferta pública ya había sido adoptada por la persona responsable del Ministerio de Sanidad el 20 de julio de 2020", anuncia OAFI.
En otras palabras, continúan desde la fundación, "el Ministerio de Sanidad ha adoptado una decisión trascendental, que afecta gravemente a la calidad de vida de la población de pacientes más vulnerable, sin querer oír previamente a la principal asociación que los representa, negándose a admitir nuestras alegaciones pese a haber sido presentadas dentro del plazo legalmente permitido para ello, y situando así en una posición de indefensión manifiesta a este colectivo de pacientes".
"El Ministerio de Sanidad ha adoptado una decisión trascendental, que afecta gravemente a la calidad de vida de la población de pacientes más vulnerable, sin querer oír previamente a la principal asociación que los representa"
"Ante esta situación sin precedentes, indigna de un Estado que se dice Social y de Derecho, nuestra fundación se ha visto obligada a interponer el oportuno recurso ante la Secretaría de Estado de Sanidad, solicitando que se revoquen las decisiones adoptadas de forma tan irregular como insensible por parte de la DGCCSyF de dicho ministerio. Confiamos en que la recientemente nombrada secretaria de Estado, a la que deseamos grandes éxitos en su labor, se haga cargo de la injusticia cometida y ponga coto con presteza a esta anómala situación", señalan desde OAFI.
Es importante señalar que, junto con dicho recurso, se solicitaba asimismo a la Secretaría de Estado de Sanidad que se dejase en suspensión cautelar la decisión de excluir estos fármacos de la prestación pública," a fin de no infligir perjuicios totalmente innecesarios a los pacientes, hasta el momento que se pronuncie dicha Secretaría de Estado de Sanidad, o en caso de ser necesario, los tribunales de Justicia".
"A día de hoy nuestra fundación no ha recibido respuesta a dicha solicitud, por lo que entendemos, y así debería confirmarlo el propio Ministerio de Sanidad para tranquilidad de los pacientes, que la exclusión de estos fármacos de la prestación pública, inicialmente prevista para el 1 de noviembre de este año, ha quedado cautelarmente suspendida hasta que la Secretaría de Estado de Sanidad, o en su caso el tribunal competente, dictaminen. Nuestra fundación considera fundamental que la citada Secretaría de Estado de Sanidad se pronuncie claramente al respecto, dadas las informaciones confusas y posiblemente contradictorias que están llegando a los pacientes sobre esta cuestión generándoles una angustia totalmente innecesaria en un momento, además, especialmente delicado debido a la situación generada por la epidemia COVID-19", advierten.
En este sentido, OAFI ya ha requerido a la DGCCSyF que rectifique la "información desfasada" que proporcionó en su día al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y a los gestores de las comunidades autónomas, en la que se les informaba de la exclusión de los fármacos de la prestación pública a partir del 1 de noviembre de 2020.
"Desde OAFI queremos recordar que los poderes públicos deben actuar siguiendo estrictamente lo previsto en la Constitución y las leyes"
Desde OAFI queremos recordar que los poderes públicos deben actuar siguiendo estrictamente lo previsto en la Constitución y las leyes. Con mayor razón aún debería garantizarse el respeto escrupuloso a las reglas con las que se ha dotado nuestro Estado de Derecho, cuando estamos ante una decisión que afecta de forma tan seria a la vida de colectivos tan vulnerables como las mujeres, enfermos con patologías cardiovasculares y enfermos polimedicados, que se verán privados en España del tratamiento más seguro y eficaz para su afección", declaran.
Los fármacos SYSADOAs seguirán comercializados, pero no podrán ser prescritos en receta oficial del SNS. "Nuestra fundación cree que es su obligación emitir este comunicado para requerir que se lleve a cabo la oportuna reflexión por parte de los responsables del Ministerio de Sanidad que tienen ahora en su mano corregir esta injusta situación, dejando sin efecto la decisión que ha adoptado irregularmente la DGCCSyF", sentencian.