El PSOE y Junts han alcanzado este jueves en Bruselas un acuerdo para facilitar la nueva investidura de Pedro Sánchez. Finalmente la comitiva negociadora socialista ha logrado satisfacer las demandas de la formación nacionalista catalana. En el documento se incluyen medidas como una ley de amnistía para los condenados en el procés, así como otros contenidos que podrían derivar en el traslado de más competencias en dirección a la Generalitat. El secretario de organización socialista, Santos Cerdán, ha asegurado que se trata de un pacto que “no es sólo de investidura, sino que pretende dar estabilidad a la legislatura de cuatro años”.
La fecha para la sesión de investidura queda pendiente de formalizarse y en los próximos días la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, hará oficial el día señalado –todo apunta al 15 y 16 de noviembre-. Este acuerdo entre el PSOE el partido de Carles Puigdemontse presentaba como el último escollo para dar luz verde a una nueva legislatura. Por lo que se puede desprender del documento, la Sanidad pasa de puntillas entre las preocupaciones de este pacto de gobierno, más centrado en nexos de acuerdo relacionados con el autogobierno en Cataluña y la condonación de penas a las personas implicadas en el procés catalán.
La reiterada demanda de más competencias para la autonomía catalana podría implicar también a ámbitos como la Sanidad
Sin embargo, la reiterada demanda de más competencias para la autonomía catalana podría implicar también a ámbitos como la Sanidad. De hecho, el reciente acuerdo entre PSOE y BNG adelantaba la posibilidad a derivar las competencias en la convocatoria de plazas para la formación sanitaria especializada (MIR, PIR, EIR, etc); siempre y cuando fuera aprobado por mayoría en el marco del propio Parlamento de Galicia. Una reclamación compartida en los último años por gran parte de las formaciones nacionalistas, como PNV, Bildu, ERC o la propia Junts. No se puede, por tanto descartar, que el actual acuerdo con Junts pueda implicar prebendas similares en el futuro.
De esta manera, no sorprendería que a lo largo de los próximos cuatro años la necesidad de Sánchez por asegurar la gobernabilidad de España le pudiera llevar a abrir la puerta a desligar la formación especializada del Ministerio de Sanidad –actual responsable- en algunos territorios. La Sanidad es uno de los campos donde las diferentes CC.AA. albergan la práctica totalidad de las competencias, quedando en manos del Gobierno central únicamente espacios de actuación como la convocatoria anual de las citadas plazas de especialidades, estrategias legislativas nacionales o el reparto de la financiación a las regiones.
Las competencias propias del Estado se concretan en la ley fundamental en Sanidad Exterior; Bases y coordinación general de la sanidad y Legislación sobre productos farmacéuticos
En concreto, la Constitución Española de 1978 establece las competencias asumibles por las Comunidades Autónomas y también las exclusivas del Estado. Particularmente, las competencias propias del Estado en el ámbito sanitario se concretan en el texto para la ley fundamental en Sanidad Exterior; Bases y coordinación general de la sanidad y Legislación sobre productos farmacéuticos. A partir de aquí, queda a disposición de los gobiernos autonómicos y sus respectivas consejerías el resto de competencias en el ámbito.
RECHAZO PROFESIONAL
Unos cometidos nacionales en Sanidad para los que ahora queda en el aire la posibilidad de que pudieran pasar a manos autonómicas. Ante esta virtual circunstancia, y más allá de la perspectiva política, algunas organizaciones profesionales como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ya han avanzado su “absoluto rechazo” a que la transferencia del MIR a las CC.AA. pudiera llegar a fraguarse. En sus palabras, constituiría poner fin a “un modelo de éxito que lleva instaurado más de 40 años en España”.
“La configuración de este sistema permite el acceso a la Formación Sanitaria Especializada en condiciones de igualdad para todos los aspirantes"
Desde FACME advierten también de las consecuencias negativas que implicaría para la Sanidad en términos de cohesión territorial. “La configuración de este sistema permite el acceso a la Formación Sanitaria Especializada en condiciones de igualdad para todos los aspirantes, por lo que facilita una formación de calidad que se basa en méritos y concurrencia competitiva en todo el SNS. La posible transferencia competencial a las CC.AA. traería consigo desigualdades en la formación y una falta de cohesión en los estándares de calidad a lo largo del país. Además, esta descentralización perjudicaría a la movilidad de los sanitarios y a la homologación de sus títulos”, aseguran.
NO ES LA PRIMERA VEZ
En el marco de las negociaciones políticas el traspaso de competencias en Sanidad ha sido un asunto recurrente durante los últimos años. En numerosas ocasiones esta posibilidad se ha deslizado desde algunas regiones españolas deseosas de adquirir más autonomía a la hora de gestionar su Sistema de Salud, no llegando nunca a cristalizarse. Regiones como País Vasco oCataluña han sido las más reivindicativas a la hora de querer acaparar la gestión de la formación sanitaria especializada, al considerar que les permitiría manejar mejor sus estrategias de RR.HH. y combatir la actual escasez de facultativos en el SNS.
Sentaría las bases para que más regiones pudieran desear profundizar en la autogestión de su Sanidad
Con todo ello, queda por ver si en esta nueva legislatura que está por arrancar, y en la que Pedro Sánchez vivirá pendiente de un continuo tira y afloja con las formaciones nacionalistas e independentistas para poder gobernar con continuidad, llega a ponerse finalmente sobre la mesa el traslado de más competencias sanitarias a las CC.AA. Un punto que transformaría nuevamente la actual organización del Sistema Nacional de Salud y sentaría las bases para que más regiones pudieran desear profundizar en la autogestión de su Sanidad.