El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado una Proposición no de Ley, para su próximo debate en la Comisión de Sanidad, con la que instan al Gobierno a elaborar un plan nacional de prevención de reacciones anafilácticas en centros educativos. Se trata de un tipo de reacciones derivadas, en la mayoría de los casos, de alergia alimentaria.
En esta iniciativa, la formación naranja ha expuesto que “hasta dos tercios de los centros escolares tienen como mínimo un niño con riesgo de anafilaxia”. Ello, inciden, provoca “una gran incertidumbre, preocupación y miedo en los padres” debido a los riegos que pueden entrañar este tipo de procesos y a la ausencia de protocolos de actuación.
Desde la formación naranja defienden que un mejor conocimiento de la anafilaxia "puede marcar la diferencia entre una reacción controlada y una reacción grave con riesgo de muerte"
Ciudadanos defiende que debido a su gravedad “es crucial reconocer los síntomas de la anafilaxia y no demorar tratamiento con los dispositivos de adrenalina auto-inyectable”. De hecho, insisten en que un mejor conocimiento “puede marcar la diferencia entre una reacción controlada y una reacción grave con riesgo de muerte”. A veces, hasta se puede producir “un shock anafiláctico en cuestión de pocos minutos, sin tiempo para permitir la llegada de una ambulancia o de acudir a las urgencias de un centro de salud”.
Por estos motivos, desde este grupo parlamentario solicitan que se facilite la existencia de los inyectables en los centros educativos y que se aumenten los conocimientos para su uso en ellos. De esta manera, reclaman que el plan nacional garantice que estos centros estén dotados de auto-inyectores de adrenalina en los botiquines.
Finalmente, ha instado a desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación que contemple la “identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones anafilácticas por los docentes y personal laboral del centro”. Y todo ello, apuntan, que sea trasladado al Consejo Interterritorial para que puedan trabajar de manera conjunta “los ejecutivos autonómicos, profesionales sanitarios y sociedades científicas”.