La Fiscalía General del Estado ha presentado este jueves su memoria 2023. Entre otros muchos asuntos, uno de los ámbitos a los que la fiscalía hace referencia es la protección de las personas mayores y con discapacidad, para la que existe una unidad coordinadora específica.
La memoria ha querido hacer hincapié en este sentido en "las dificultades que se observan en el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica" de las personas mayores, especialmente extranjeras, y las personas con discapacidad. En el caso específico de las personas mayores extranjeras, se habla de "las dificultades que derivan de la ausencia de su constancia como usuarios de los servicios públicos sociosanitarios por lo que no se dispone de información sanitaria ni asistencial de su persona, lo que hace complicada la tramitación administrativa de prestaciones y recursos públicos más allá de los de emergencia o primera necesidad".
Durante el pasado año, según explica el documento de la memoria, se incorporó un tercer fiscal adscrito a esta unidad coordinadora, por lo que se ha desarrollado la actividad "con mayor fluidez". Algunas de las actuaciones de esta unidad, por ejemplo, son las que tienen que ver con supervisiones en centros hospitalarios y psiquiátricos.
Algunas de las actuaciones de esta unidad, por ejemplo, son las que tienen que ver con supervisiones en centros hospitalarios y psiquiátricos
En este ámbito en concreto, se han llevado a cabo inspecciones, a petición del Defensor del Pueblo. "Habitualmente, la unidad, ha comportado la visita al centro respectivo, con posterior transmisión de la información sobre el seguimiento que por los centros se hiciera de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, con general registro de ciertas mejoras, corrección de deficiencias e instauración de protocolos".
También se han atendido las solicitudes de algunas asociaciones y particulares. Concretamente, han sido 51 expedientes de seguimiento. Hasta el 33% de ellos estaban relacionados con quejas sobre residentes en recursos sanitarios. La mayoría de todas ellas, refleja el documento, tenían que ver con cuestiones derivadas del uso de contenciones o sujeciones y otras conductas de presunto trato "degradante".
Por otro lado, el informe también habla de la dificultad que tienen las personas con discapacidad para acceder a la justicia y las "numerosas barreras" que estas personas encuentran a la hora de relacionarse con el medio judicial. Uno de los colectivos con mayor dificultad es el de las víctimas de violencia de género con discapacidad. Para ello la unidad destaca el papel de las herramientas que ofrecen los ministerios de "lectura fácil".
El esfuerzo desplegado por algunas fiscalías en la tarea de visitas y supervisión de centros residenciales llega a cifras muy elevadas
También se hace referencia a otro colectivo vulnerable a la hora de acceder a la justicia: los ciudadanos ucranianos con discapacidad desplazados a nuestro país desde el comienzo del conflicto bélico en su territorio. Muchos de ellos, menores cuando llegaron a España, con el tiempo transcurrido han alcanzado la mayoría de edad, alerta el documento.
El documento hace una referencia "especial" a las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito residencial. "El esfuerzo desplegado por algunas fiscalías en la tarea de visitas y supervisión de centros residenciales llega a cifras muy elevadas, como la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, donde se han realizado 103 visitas a centros residenciales", se destaca.
La fiscalía también hace un especial reconocimiento al buen funcionamiento de las medidas de contención a causa del coronavirus y a la campaña de vacunación, ámbitos en los que han primado las buenas prácticas por parte de las residencias.