Con la llegada de septiembre, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, hicieron público el balance de la siniestralidad en las carreteras españolas registrado durante el verano. El informe asevera que 224 personas han fallecido desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) presentase el dispositivo especial de regulación y control de desplazamientos de vehículos de cara a los meses estivales de julio y agosto.

Las cifras emitidas por Zoido y Serrano se han visto reducidas en 31 personas respecto al mismo periodo de 2016, donde perdieron la vida un total de 253 ciudadanos, el máximo notificado en el lustro 2017-2013. "No cejaremos hasta rebajar a cero el número de víctimas mortales en la carretera", manifestaba el titular de Interior.

El verano se ha cerrado con 224 muertos en las carreteras españolas, 31 menos que en 2016

En este contexto, al drama humano que va asociado a los accidentes de tráfico, se suman una serie de costes económicos a los que debe hacer frente la Administración. De todos ellos, uno de los más relevantes son los gastos sanitarios generados por la siniestralidad vial al Sistema Nacional de Salud (SNS). Con el objetivo de desglosar todas las partidas que se destinan a tal fin, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social elabora, de forma periódica, el informe 'Los accidentes de tráfico y su incidencia en el Sistema de la Seguridad Social', un documento que pretende "cuantificar la repercusión económica y social" de estas tragedias en el erario público. 

TRES TIPOS DE COSTES

El escrito señala que, aunque las competencias en materia de salud pública "están transferidas a las comunidades autónomas", el Sistema de la Seguridad Social ve alterado su normal funcionamiento por un conjunto de gastos sanitarios que se dividen en tres grupos: servicios de emergencia; médicos y sanitarios, y secuelas en las personas discapacitadas. 

En cuanto a los costes de los servicios de emergencia, el documento especifica que son aquellos que se derivan del "traslado de los pacientes a los centros sanitarios y que se generan en el momento siguiente al accidente". Su coste varía según el tipo de transporte que sea necesario utilizar para el rescate de los heridos, sirviéndose para ello de ambulancias hasta, incluso, helicópteros medicalizados. Así mismo, esta partida también incluye los gastos generados en los servicios centrales de coordinación de los servicios de emergencia.

El Sistema Nacional de Salud se ve afectado por tres tipos de gastos directos: servicios de emergencia; médicos y sanitarios, y secuelas en las personas discapacitadas

La cuantía destinada a los gastos médicos y sanitarios se subdivide, a su vez, en costes hospitalarios, de tratamientos y ambulatorios, generados por el 85% de los heridos leves. Por su parte, para el cálculo de las partidas de las secuelas de las personas discapacitadas, se tienen en cuenta "a los grandes inválidos y a los de invalidez permanente absoluta".

250 MILLONES DE EUROS DE MEDIA

Tal y como apuntan las cifras que figuran en el dossier, se puede observar cómo en la última década registrada (2000-2010) el impacto económico directo de los accidentes de tráfico en el SNS ronda los 250 millones de euros de media. En el periodo comprendido entre el 2000 y el 2002, el coste asociado a la siniestralidad vial osciló entre los 242 y los 247 millones de euros. No sería hasta 2003 cuando la cifra sobrepasó los 250 millones de euros, llegando en el año 2007 a su pico más alto, con un coste al erario público de 275.610.072,14 millones de euros. 

Fuente: Informe 'Los accidentes de tráfico y su incidencia en el Sistema de la Seguridad Social' | Elaboración propia