199.120 millones de euros. Esta es la cifra que el Gobierno ha fijado para su techo de gasto del 2024. Esta cifra corresponde al límite del gasto no financiero que tienen las administraciones públicas de cara al próximo año, y es además uno de los pasos previos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo 2024. La ministra de de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que "se trata de un límite de gasto realista". Unos presupuestos que el Gobierno espera que estén listos a finales de marzo para entrar en vigor en abril.
Dentro de la aprobación de ese techo de gasto se establece también el margen fiscal que tiene las Comunidades Autónomas, de las que dependen los servicios sociales fundamentales como la Sanidad. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda ha explicado que para el 2024 las Comunidades Autónomas tendrán algo más de margen fiscal que el plan de Estabilidad enviado a Bruselas hace tan solo unos meses. "La propuesta da una décima de margen a las CC.AA hasta el 0.1% de déficit", ha explicado Montero. Una décima que se resta la Administración General del Estado para que se mantenga ese equilibrio financiero.
Ese margen fiscal de las CC.AA se une a la mayor cantidad de recursos que las regiones van a recibir del sistema de financiación que van a alcanzar una cifra récord: 154.467 millones, un 14% más que en 2023. "En total 20.000 millones más para Comunidades Autónomas para el próximo año", ha puntualizado la vicepresidenta.
Tanto Comunidades Autónomas como Entidades Locales tendrán el año que viene más margen fiscal y además contarán con recursos récord del sistema de financiación. "Esto va a permitir a estas administraciones seguir prestando servicios públicos de calidad y mejorar la asistencia en Sanidad, Educación o Dependencia".
Las Comunidades Autónomas tendrán 20.000 millones más que este año para dedicar a Sanidad, Educación y Dependencia
Asimismo, ha destacado que "las nuevas cuentas continúan en la senda de progreso, de modernización, de apoyo al tejido productivo, y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos". También ha añadido que "este gobierno se guiará por la prudencia" a la hora de presupuestar.
Pese a que las reglas fiscales han estado suspedidas por la pandemia y la guerra de Ucrania, "se ha mantenido la responsabilidad fiscal" sin tener que "aplicar políticas de recortes" en el estado de bienestar. Así, el déficit se va a situar en el 3% para el 2024 según la ministra. El déficit será del 3% en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026 cumpliendo así lo establecido con Bruselas.
"Las reglas fiscales van a volver a aplicarse con o sin consenso"
Las reglas fiscales, por su parte, "van a volver a aplicarse con o sin consenso". En caso de que no se aprueben unas reglas nuevas, se recurrerá a las que estaban vigentes antes de la pandemia, ha recalcado Montero.
"Este paso tan importante que hemos dado hoy, nos va a permitir seguir avanzando en la dirección correcta, que es la de mejorar la vida de los ciudadanos de este país", ha destacado por su parte la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría.
"Nos va a permitir seguir avanzando en la dirección correcta, que es la de mejorar la vida de los ciudadanos"
Si bien el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciaba hace algunas semanas que los presupuestos generales del 2023 se prorrogarán al menos durante el primer trimestre del próximo año, este paso nos lleva a la antesala de la nueva cifra de gasto de la que emanará el presupuesto para el Ministerio de Sanidad.
Concretamente, este nuevo techo de gasto se ha aumentado en un 0.5% con respecto al pasado año, cuando ascendía a los 198.221 millones de euros. El pasado año, es decir, en los presupuestos del 2023, Sanidad contó con un presupuesto total de 7.049 millones de euros. Este techo de gasto, se ha destacado, incluye también los fondos europeos.
"Aprobar este techo de gasto prudente posibilita un margen de actuación que hemos practicado durante los ejercicios precedentes", ha subrayado. Y es que, según sus palabras, el Gobierno cuenta con margen para tomar o prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario.