El truco del Gobierno para asegurar los PGE de 2019 y aliviar el gasto sanitario

El PSOE ha registrado a última hora del martes una enmienda a la ley de violencia de género que permitiría reformar de forma rápida la ley de estabilidad presupuestaria. PP y Ciudadanos han rechazado esta opción. Podemos la respalda.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, interviniendo este miércoles en el Congreso de los Diputados.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, interviniendo este miércoles en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere despejar el camino para presentar y aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2019, antes de cualquier tipo de adelanto electoral. Para ello, desde el departamento de Hacienda han utilizado este martes una especie de atajo en el Congreso para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y salvar el posible veto del PP en el Senado.

En concreto, tal y como ha adelantado El País, ha sido el PSOE quien ha registrado una enmienda a última hora del martes a la ley sobre la violencia de género (sobre la formación de los jueces en este asunto). Esta reforma permitiría realizar un cambio rápido de la ley de estabilidad presupuestaria para levantar el veto, aprobar la senda del déficit propuesta por el Gobierno y presentar los PGE.

El presidente del Gobierno cree que se trata de "una reforma perfectamente legal" y Pablo Iglesias que es "completamente legítimo" para  "acabar con el veto del Senado"

Desde el equipo de Sánchez argumentan que esta vía ya se ha realizado en anteriores ocasiones y que está autorizada por el Tribunal Constitucional. Así, la reforma planteada necesitaría la aprobación de los PGE de 2019 para que se aplique. La ley pasaría posteriormente por la Comisión de Justicia, el pleno del Congreso y el Senado. Si ésta última cámara lo rechaza, el Gobierno podría optar por el procedimiento de urgencia.

2.400 MILLONES PARA SANIDAD

Cabe recordar que los objetivos de déficit del Gobierno propuestos para los próximos tres años, y negociados con Bruselas, incluían un aumento del gasto para las comunidades autónomas de 2.400 millones de euros para los servicios públicos, incluida la sanidad, los servicios sociales y el sistema educativo.

Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de cometer "un fraude de ley" y Albert Rivera le ha culpado de actuar "sin escrúpulos" para "seguir a cualquier precio en La Moncloa"

Tras obtener un rechazo parlamentario, el Ejecutivo central optó primero por presentar un Real Decreto para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y luego por presentar una Proposición de Ley, junto a otras formaciones políticas. Sin embargo, ésta última opción podría retrasarse sabiendo que PP y Ciudadanos controlan la Mesa del Congreso.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El presidente del Gobierno ha respaldado esta vía: “Es una reforma perfectamente legal, se ha hecho otras veces”. También la portavoz socialista, Adriana Lastra: “Es el primer paso de lo que puede acontecer en los próximos meses”. Además, cuenta con el apoyo de Unidos Podemos, tal y como ha anunciado Pablo Iglesias: “Es completamente legítimo utilizar el reglamento parlamentario para acabar con una anomalía democrática como es el veto del Senado”.

No obstante, el PP y Ciudadanos se han posicionado radicalmente en contra. Pablo Casado ha acusado a Sánchez de cometer un “fraude de ley” y le ha reprochado que su Gobierno “cabalga a lomos de la mentira y el autoritarismo”. Mientras, Albert Rivera ha culpado al presidente de actuar “sin escrúpulos” y proceder “de fraude en fraude con tal de seguir a cualquier precio en La Moncloa”.

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