La reciente publicación, por parte de la Organización Médica Colegial (OMC), de los datos de agresiones a médicos durante el año pasado, ha llevado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a enviar una carta a Mónica García en la que le pide impulsar una norma estatal que garantice sanciones administrativas. En total, han sido 769 las agresiones registradas por los diversos colegios autonómicos de nuestro país, 2,52 por cada mil médicos colegiados, y con una gran disparidad entre comunidades autónomas.
Tanto, que los datos van desde Cataluña, donde se han producido 295 agresiones entre sus 49.815 colegiados médicos -5,92 por cada mil-, hasta Melilla, donde no se ha registrado ninguna entre sus 332 colegiados. Además, recuerda CSIF, actualmente solo hay dos comunidades que tienen implementada esa norma de sanciones administrativas para frenar las agresiones a sanitarios. Son Castilla y León y Navarra, dos de las que, precisamente, han registrado cifras más bajas: 1,69 y 0,63, respectivamente.
Casualidad o no, a primera vista parece que las sanciones, desde luego, funcionan. Así, informaba el año pasado la Junta de Castilla y León, desde 2010 se han dictado 180 resoluciones sancionadoras tras la apertura de los correspondientes expedientes administrativos. Allí, donde en 2023 se registraron 28 agresiones, las penas para el agresor van de uno a cuatro años. A 30 de septiembre, los profesionales del Sacyl habían presentado 22 denuncias por vía penal.
“Nuestras administraciones no ofrecen ni prevención ni cobertura adecuada”
"Las agresiones se caracterizan fundamentalmente por insultos, agresiones verbales y amenazas. Y en los casos más graves, también agresiones físicas", señala CSIF sobre las agresiones, cuyos datos han salido a relucir con motivo del Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que se celebra el 12 de marzo. “El Código Penal introduce todos los supuestos de agresión, empleo de violencia o amenazas graves sobre el profesional sanitario”, recuerda por su parte la Junta de Castilla y León.
Los profesionales del citado Sacyl también cuentan, desde el año 2012, con un botón de alarma implementado en todos los centros, que ha sido utilizado en 59 ocasiones. En Navarra, donde apenas se produjeron tres agresiones entre sus 4.779 colegiados médicos -segunda ratio más baja después de la de Galicia-, son ya varios los casos de sanciones a pacientes que se han producido en los últimos años. Murcia, por su parte, acaba de presentar su nuevo Plan de Prevención y Atención frente a agresiones a profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS), que contempla una serie de sanciones administrativas para quienes cometan estas agresiones.
De igual manera, todos los centros sanitarios de la Región de Murcia, así como algunos consultorios con alto nivel de conflictividad, contarán en 2024 con un vigilante de seguridad, y la mayoría de sus profesionales dispondrán de un botón de alarma como el de Castilla y León. No obstante, para garantizar una mayor igualdad en todas las regiones de España, CSIF incide en su carta a Mónica García en la necesidad de impulsar “medidas efectivas” para prevenir la violencia y el acoso en el ámbito de la sanidad.
“Hay comunidades que no prestan asesoramiento legal, representación y defensa en un juicio, dejando desamparado al personal agredido”
“Nuestras administraciones no ofrecen ni prevención ni cobertura adecuada”, denuncia CSIF. Así, más allá de la citada norma estatal que garantice sanciones administrativas en todas las comunidades autónomas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios solicita modificar el Código Penal para recoger las amenazas leves, injurias y vejaciones que, recuerda, se eliminaron del artículo 620 en 2015.
También, modificar el artículo 550.1 del propio Código Penal, para incluir dentro de la figura ‘atentado contra la autoridad’ al conjunto del personal de la Sanidad, “sean o no funcionarios, como personal administrativo, de limpieza o celadores”. Y ofrecer asistencia jurídica al personal agredido en todas las administraciones, algo que garantiza Castilla y León: “Hay comunidades que no prestan asesoramiento legal, representación y defensa en un juicio, dejando desamparado al personal agredido”.
Por último, en busca de esa mayor cohesión nacional, CSIF solicita recabar datos fiables de las agresiones en todas las comunidades, ya que, como reconoció en la presentación del informe José María Rodríguez, secretario general de la OMC y coordinador del Observatorio contra las agresiones, al tratarse de datos ofrecidos por los colegios de médicos autonómicos, es muy probable que muchas agresiones se queden por el camino. “Es necesario establecer medidas para reparar el daño emocional, estableciendo un Programa de Ayuda al Empleado que proporcione apoyo psicológico gratuito para trabajadores agredidos”, insiste CSIF.