El Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, han iniciado hoy, martes ocho de febrer, el proceso para interponer varios recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra el RD 46/2022 que crea la nueva titulación de Formación Profesional “Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria”. Se trata de un módulo de FP que ha sido el foco de las críticas de las enfermeras, pues pone en grave riesgo la seguridad y salud de las personas mayores en las residencias de todo el país.
Según explican SATSE y el CGE, esta nueva FP se traduce en "una merma en la calidad de la atención que reciben las 400.000 personas que viven en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios pues en realidad se trata de una solución de bajo coste a la falta crónica de profesionales sanitarios cualificados, una salida que compromete el futuro de la atención a una población de edad avanzada y aquejada de dolencias crónicas como es la española".
“La impugnación de la norma refleja la incoherencia de que se cree una figura no sanitaria para controlar y tutelar a unos profesionales sanitarios perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias. En resumen, se oferta una nueva titulación con capacidad para intervenciones sanitarias como los “cuidados básicos de enfermería” cuando ya existen profesionales sanitarios con un grado universitario que proporcionan esos cuidados que son las enfermeras y enfermeros”, apuntan.
Tanto el CGE como SATSE confían en que "los tribunales no permitan el desarrollo de esta cualificación profesional que tanto perjudica a los más vulnerables, los mayores"
Ambas organizaciones consideran que no es necesario que se incorporen nuevas titulaciones sino que lo esencial es que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario y se cuente con los profesionales ya existentes. Y es que la falta de enfermeras en las residencias se explica por el "déficit crónico" de profesionales en España. La cantidad de profesionales de la enfermería de nuestro país está "a años luz" de otros países de nuestro mismo nivel socioeconómico. Además, las precarias e indignas condiciones laborales y salariales que se ofrecen en el ámbito sociosanitario, desincentivan la contratación de enfermeras.
Tanto el CGE como SATSE confían en que "los tribunales no permitan el desarrollo de esta cualificación profesional que tanto perjudica a los más vulnerables, los mayores, en los centros sociosanitarios desde un principio, y reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que reflexione y que, frente a soluciones improvisadas que solo generan desconcierto y desazon asistencial y profesional, así como a la renuncia de la calidad de la atención, apueste por las enfermeras como referentes en cuidados y por potenciar la figura de la enfermera especialista en Geriatría y Gerontología como coordinadora de esos cuidados en los centros sociosanitarios".
“No tiene ningún sentido crear nuevas titulaciones y categorías. Eso no va a suponer ninguna mejora en la atención a las personas mayores, sino que se busca simplemente ahorrar costes a la vez que cronifica las condiciones laborales precarias en un sector clave para atender las necesidades de la población más vulnerable”, subrayan.
En definitiva, SATSE y CGE entienden "que el Gobierno busca también satisfacer los deseos de la patronal que gestiona el 75% de las residencias de mayores en nuestro país, dado que el perfil profesional que ahora se pretende establecer para realizar cuidados básicos de Enfermería les va a resultar mucho más barato a los empresarios del sector y, con ello, un aumento de sus beneficios empresariales".