La diputada por Cuenca del Partido Popular, Beatriz Jiménez Linuesa, cuestionaba recientemente al Ejecutivo de Sánchez por la creación de la nueva titulación de Formación Profesional que ha sido el foco de las críticas de las enfermeras desde su aprobación. El Consejo General de Enfermería (CGE) ha denunciado en varias ocasiones que este título promueve el intrusismo laboral y supone un riesgo para los pacientes, además de ser una solución “low cost” a la falta de profesionales sanitarios cualificados en los centros sociosanitarios.
A raíz de las críticas a esta nueva titulación llamada ‘Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal’, el PP ha preguntado al Gobierno: “¿Cree el ministerio de Educación y Formación Profesional tal y como afirma el sindicato SATSE, que puede generar un conflicto de competencias y favorecer la destrucción de empleo entre las enfermeras, trabajadoras sociales, fisioterapeutas y auxiliares de enfermería que trabajan en estos centros sociosanitarios?”
Ante esta pregunta, el Gobierno ha defendido la creación del Real Decreto por el que se aprueba la creación del título recordando que el Congreso de los Diputados “aprobó por unanimidad, tras su debate en Comisión de una Proposición No de Ley (PNL)” para la creación de este Grado Superior.
Asimismo, desde el Ejecutivo aseguran en la respuesta parlamentaria - a la que ha tenido acceso ConSalud.es - que “la necesidad de este perfil profesional ha sido apreciada por las Administraciones autonómicas competentes en materia socioasistencial y se ha puesto en evidencia con mayor intensidad a raíz de la pandemia de Covid-19 y su incidencia en las residencias de personas mayores”.
La nueva FP "en ningún caso puede ser considerada como del ámbito de la familia profesional de sanidad, ni describe competencias propias de los profesionales sanitarios"
Respecto a las críticas recibidas por los profesionales de la Enfermería, el Gobierno insiste en que no se trata de una tititulacion sanitaria, sino que este título “busca establecer una figura que supervise y coordine a estos profesionales del grupo 4B (servicios socioasistenciales donde se encuentran los profesionales de gerocultor, auxiliar SAD, oficial TAD, teleoperador TAD, entre otros)”.
En esta línea apuntan que “se trata de un ámbito de actividad directa de prestación a personas dependientes que se desarrolla por personas cualificadas en el sector Socioasistencial pero que mantienen una clara diferenciación de los servicios puramente sanitarios, prestados en exclusiva por el personal titulado sanitario”.
En definitiva, la respuesta parlamentaria asegura que “la cualificación profesional de ‘Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal', en ningún caso puede ser considerada como del ámbito de la familia profesional de sanidad, ni describe competencias propias de los profesionales sanitarios”.
Con todo, la profesión enfermera denuncia que es incomprensible que se cree un módulo de FP en lugar de recurrir al personal cualificado, tanto generalista como especialista en Geriatría. Es decir, las enfermeras, unas profesionales “formadas durante años para atender y hacer de nuestras residencias lugares seguros y sanos”, trabajando codo con codo en estos centros junto a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería – también conocidos por las siglas TCAE o TCE –. En otras palabras, no hay necesidad de crear nuevas titulaciones cuando la solución al problema es que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario contratando a profesionales ya formados: los enfermeros.