Más enfermeras, mayor financiación o cambios legislativos: las propuestas del CGE para el 23J

El Consejo General de Enfermería ha querido trasladar a todos los partidos sus principales peticiones de cara a una nueva legislatura

Enfermera con guantes (Foto: Freepik)
Enfermera con guantes (Foto: Freepik)

A menos de dos semanas para las elecciones generales del  23 de julio, los partidos políticos se encuentran ya inmersos en sus campañas. Por ello, el Consejo General de Enfermería ha querido trasladar a todos ellos sus principales peticiones de cara a una nueva legislatura.

La primera de ellas es clara: incrementar el presupuesto para Sanidad. En este sentido, el CGE recuerda que el gasto sanitario público representa un 8% del PIB en la actualidad. Reclaman por ello que este porcentaje se eleve para acercarse a las cifras europeas, que superan el 10%.

Otra de las peticiones más importantes de la entidad es la necesidad de aumentar el número de enfermeras, "ya que esto supone mejorar la calidad de los cuidados a la población española y tener claro que sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro". Así, el CGE ha cifrado en más de 95.000 las enfermeras que se necesitan España. "Una escasez de enfermeras que también genera una sobrecarga asistencial que vivimos como algo normalizado en nuestro día a día, cuando se trata de una situación que debería ser excepcional, y que pone en peligro la seguridad de las enfermeras y de los pacientes”, ha subrayado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

El CGE propone elevar el gasto en sanidad a una cifra en torno al 10% del PIB

Al hilo de esta escasez de recursos humanos, se pide también al futuro gobierno un "profundo análisis" de las necesidades en recursos humanos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para ver exactamente el número de profesionales que se necesitan en cada ámbito. Además, se deberá tener en cuenta el envejecimiento, la natalidad o la dispersión geográfica.

Por otro lado, en materia legislativa, se pide actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (que es del año 2003), la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, o la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Otra regulación legislativa que se ha pedido es la lucha contra las agresiones. Aunque se reconoce que las agresiones que se sufren en el ámbito público son un delito de atentado contra funcionario público, esta previsión no se aplica a quienes trabajan en el sanidad privada, algo que es preciso regular por ley.

También en la línea de mejoras para los profesionales santarios se pide acabar con la precariedad laboral y crear un grupo de trabajo sobre especialización enfermera y diplomas de acreditación. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, más allá de las agresiones, como pinchazos accidentales, manejo de medicamentos peligrosos que provocan cáncer o problemas en la reproducción humana o una carga excesiva de trabajo e incluso problemas de conciliación, se pide también una solución.

El CGE pide actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, y la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Igualmente, el CGE solicita un cambio de modelo sanitario "que apueste por la prevención y promoción de la salud y la adquisición de hábitos de vida saludables, sobre todo teniendo en cuenta que la atención a la cronicidad y el envejecimiento serán claves en los próximos años".

Se ha puesto sobre la mesa también la necesidad de crear la figura de la “enfermera jefe” en el Ministerio de Sanidad, quien se encargaría de coordinar y asesorar sobre la profesión enfermera a nivel ministerial. También en sentido de dar voz a la enfermería, se pide mayor diálogo con los profesionales.

Finalmente, se ha hecho una petición para que la Sanidad quede al margen de disputas políticas. "La Sanidad debe quedar fuera de la confrontación política y los partidos deben centrar sus esfuerzos en lograr políticas que garanticen una atención universal, sostenible y equitativa, que garantice el derecho fundamental de todos los ciudadanos a ver atendidas sus necesidades sanitarias y sociosanitarias, independientemente del lugar en el que residan", se ha concluido.

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