La Sociedad Española de Epidemiología (SEE), considera que el anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que se encuentra abierto a consulta pública, debe ser visto como una oportunidad para avanzar de forma efectiva hacia la universalidad en el reconocimiento del derecho a la salud, eliminando las barreras administrativas que lo reducen de facto y considerando la diversidad de condiciones sociales y administrativas de la población residente en España.
Concretamente, desde la iniciativa de Inmigración del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud de la SEE advierten que los retos que supone la nueva norma tienen que entenderse como una ocasión idónea para establecer un verdadero acceso universal a la asistencia sanitaria y acabar con la exclusión sanitaria. Y es que, en estos momentos, se constatan las desigualdades sociales en el acceso a los servicios de salud, tanto de cobertura pública como en aquellos no cubiertos por el sistema, que generan inequidades sociales y de salud en la población, especialmente en aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
La SEE apuesta por que la futura ley, que sustituirá al RDL 7/2018, sirva para dar una mayor importancia a los factores sociales determinantes de la salud, que son responsables de al menos el 50% de la misma, así como para incorporar la estrategia de Salud a Todas las Políticas. Avanzando hacia un modelo de “gobernanza por la salud” más participativo se conseguirá mejorar la salud de toda la población y reducir las desigualdades.
En este sentido, desde la SEE insisten en la necesidad de entender la salud desde la óptica de la inclusión para poner fin a las limitaciones que establecieron los anteriores decretos ley. Según la institución, el RD16/2012 hizo aparecer nuevas barreras y agravó las ya existentes para la utilización de los servicios de salud por parte de la población migrada, que se unieron a las tendencias mercantilizado-ras y privatizadoras del Sistema Nacional de Salud (SNS), al calor de las políticas de austeridad implementadas tras la crisis de 2008.
La ley, que entró en vigor en abril de 2012, modificó el principio de universalidad y únicamente reconocía el derecho de atención sanitaria de la población migrada a las personas que tenían residencia legal. Aquellas que estuvieran en situación irregular solo podían recibir atención de urgencia, a excepción de las mujeres embarazadas o de la población menor de edad. Además, las comunidades autónomas aplicaron esta nueva legislación en distintos grados.
La SEE apuesta por que la futura ley sirva para dar una mayor importancia a los factores sociales determinantes de la salud, que son responsables de al menos el 50% de la misma, así como para incorporar la estrategia de Salud a Todas las Políticas
Seis años después el RDL 16/2012 se derogó a favor del Real Decreto-ley 7/2018, que, aunque tenía por objeto restaurar el principio de universalidad, tampoco garantizó el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas. De hecho, en algunos casos se mantuvo la dificultad de acceso al SNS al establecer trámites administrativos con los países de origen de las personas mi-gradas y a la variabilidad de disposiciones que existían a nivel autonómico.
Por todo ello, desde la SEE consideran que el anteproyecto de la nueva Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud debe tener en cuenta las limitaciones impuestas por las normas anteriores para superarlas. Solo así los grupos de población vulnerable podrán ejercer de forma efectiva su derecho a la salud, lo que repercutirá positivamente en la salud del con-junto de la población.
La nueva norma, debe tener un enfoque intersectorial y prestar especial atención a los determinantes sociales de la salud. Es decir, las condiciones en las que las personas nacen, viven, trabajan y envejecen, ya que éstas producen desigualdades en la salud y el bienestar de las personas. Una perspectiva a tener en cuenta, más si cabe, en el actual contexto de crisis sanitaria y social generada por la pandemia de la Covid-19. En este escenario, también se deben considerar en términos de salud las dificultades para acceder al mercado laboral o el impacto sobre la capacidad de hacer frente a los gastos para cubrir necesidades básicas como son la alimentación saludable o el pago de la vivienda.
En definitiva, la nueva ley tiene que servir para avanzar hacia un modelo de gobernanza por la salud para la mejora de la salud a nivel general y la reducción de las desigualdades sociales en salud de las poblaciones.