La sanidad penitenciaria ha saltado a la agenda política desde hace varios meses ante el respaldo mediático que han tenido las quejas y reivindicaciones de los funcionarios de prisiones.
Esta misma semana, en la sesión de control del Parlamento de Andalucía, la diputada de Adelante Andalucía, María Isabel Mora Grande, preguntó a el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, por el estado de la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria, del Ministerio de Interior a las Consejerías de Salud y Sanidad de las comunidades autónomas.
Mora Grande instó a que se cumpla la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003, ya que han pasado 15 años desde su aprobación y no se ha avanzado al respecto. "¿Para cuándo las reuniones bilaterales del traspaso? Es una cuestión de voluntad política. El País Vasco y Cataluña ya tienen transferidas las competencias", aseveró en su intervención la parlamentaria de Adelante Andalucía, que además denunció el estado en que se encuentra el sistema sanitario de las prisiones españolas.
"Está al borde del colapso, faltan medios y las plantillas están bajo mínimos. Se atienden las urgencias pero no a los pacientes crónicos, es una barbaridad", señaló María Isabel Mora Grande y avanzó que todos los cuerpos de la sanidad penitenciaria han convocado una huelga general.
Aguirre reconoció la importancia que tiene la transferencia de las competencias e instó a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a que lidere este proceso como "responsable" en este caso de realizar los traspasos entre entes territoriales.
"La lógica dice que es un proceso que ha de hacerse de forma simultánea con las CC.AA que están pendientes. Es evidente que la celebración de las elecciones paralizaron las reuniones bilaterales. Retomemos las conversaciones después. Esta cuestión es una tendencia imparable y necesaria", afirmó el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en un discurso en el que ha dejado claro su apuesta por una transferencia autonómica conjunta.