La lucha de la Asociación MIR España (AME) contra el Hospital Universitario de Canarias sigue avanzando. Recientemente, la Diputación del Común (el Defensor del Pueblo de Canarias) ha admitido a trámite la queja presentada por AME, y anuncia que iniciará actuaciones ante el Servicio Canario de Salud, la Dirección de Área de Tenerife y la Dirección Gerencia del centro.
Para AME, quienes recuerdan que ya se habían dirigido ellos mismos a estos organismos, esta decisión supone un “nuevo paso” en sus actuaciones para que las denuncias sobre los médicos residentes del Hospital de Canarias reciban una “respuesta institucional documentada”. La Diputación del Común, informan en un comunicado, considera que la queja reúne los requisitos para su tramitación, y trasladará a AME toda la información que vayan recibiendo.
Todo comenzó en el pasado mes de junio, cuando la Asociación MIR España recogió e hizo públicos los testimonios de varios residentes de urgencias del Hospital de Canarias que relataban el incumplimiento de muchas de las normas para poder formar a especialistas, con dudas “especialmente graves” sobre la supervisión efectiva de médicos residentes, incluidos R1; posible utilización de MIR para cubrir necesidades estructurales del servicio; suficiencia y cualificación de la plantilla facultativa; jornada y descansos; posibles presiones o represalias; funcionamiento de los órganos docentes; saturación asistencial y seguridad del paciente.
"Los residentes deben poder comunicar deficiencias en su formación o en sus condiciones de trabajo con garantías y sin temor a represalias”
A finales de agosto, contactaron con el Ministerio de Sanidad para solicitar una auditoría docente externa e independiente, la “revisión inmediata” de sus acreditaciones docentes y, en caso de confirmarse los incumplimientos denunciados, su retirada total o parcial. Ahora, con la decisión de la Diputación del Común, AME reclama que sus actuaciones permitan esclarecer los hechos denunciados, conocer las medidas adoptadas por los responsables sanitarios y garantizar unas "condiciones adecuadas" de formación y supervisión de los residentes.
“La prioridad es que las reclamaciones se traduzcan en respuestas concretas y, cuando proceda, en medidas correctoras verificables. Los residentes deben poder comunicar deficiencias en su formación o en sus condiciones de trabajo con garantías y sin temor a represalias”, asegura la Asociación MIR España, que recuerda, eso sí, que esta admisión a trámite no constituye todavía un pronunciamiento sobre el “fondo” de la queja.
Además, la Diputación del Común no tiene competencias para supervisar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al tratarse de un organismo autonómico; eso le corresponde al Defensor del Pueblo a nivel estatal. Lo que sí que hace, no obstante, es abrir una vía de supervisión institucional ante los organismos sanitarios señalados y permitir avanzar en la “exigencia de explicaciones” sobre los hechos trasladados.
“AME continuará aportando la documentación relevante y haciendo seguimiento del expediente. La protección de los residentes y la calidad de su formación requieren respuestas claras, responsables identificados y soluciones que puedan comprobarse”, afirman.
EL HOSPITAL DE CANARIAS TOMA PARTIDO
Ya en su momento, cuando se produjeron las denuncias por parte de la Asociación MIR España, desde el Hospital Universitario de Canarias destacaron a este periódico su “compromiso” para revisar y analizar la información disponible a través de los “cauces internos establecidos”. También subrayaban su “firme compromiso” con la calidad asistencial y la formación sanitaria especializada, y recordaban que en el propio hospital canario existe un protocolo de supervisión vigente aprobado por su Comisión de Docencia en marzo de 2022 y una revisión de la planificación de los circuitos formativos que data de febrero de 2025.
En el caso concreto de los residentes de urgencias, añadían, su actividad se desarrolla mediante itinerarios formativos definidos y adaptados a las distintas especialidades, “con distribución progresiva de responsabilidades y actividad asistencial en cuatro áreas diferenciadas del servicio”.
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