El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas (Las Palmas) ha abierto un proceso penal formal contra Santiago S., el gerente del ya clausurado centro de rehabilitación Los Picachos ubicado en la localidad de Firgas (Gran Canaria), y contra su esposa, Florencia G., a los que se les imputa indiciariamente la presunta comisión de delitos de estafa e intrusismo.
El juez instructor ha comunicado a todas las partes implicadas en el auto que transforma en procedimiento abreviado (equivalente a un auto de procesamiento en un sumario ordinario) las diligencias previas abiertas contra la pareja en 2011, tras apreciar indicios de que Santiago S., en colaboración con su esposa, de idear y ejecutar un plan con el que lucrarse de forma ilícita “mediante la captación de personas con patologías neurodegenerativas para, aprovechándose de su desesperación para volver a caminar, ofrecerles un tratamiento terapéutico con células madre”.
La autoridad judicial detalla que el tratamiento ofrecido únicamente consistía en “masajes y técnicas de rehabilitación”, que eran realizadas por el propio gerente del centro o por sus empleados (una monitora de actividades acuáticas, una fisioterapeuta, una auxiliar de enfermería o una médico rehabilitadora).
Cabe señalar que la investigación señala que no se han encontrado pruebas de que estas personas estuviesen al tanto de la estafa o participaran en ella. El juez ha informado de que han contabilizado un total de 37 presuntos perjudicados por dichas actividades fraudulentas. En su mayoría, “menores en silla de ruedas o con andador”.
La autoridad judicial detalla que el tratamiento ofrecido únicamente consistía en “masajes y técnicas de rehabilitación”, que eran realizadas por el propio gerente del centro o por sus empleados
Las investigaciones desarrolladas por el Juzgado se iniciaron en 2011 y se han mantenido hasta fechas recientes. Estas señalan que Santiago S. y su esposa abrieron en 2008 el centro de rehabilitación para personas con discapacidad neuronal “con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito y en ejecución de un plan preconcebido”.
Cabe señalar que en su origen el centro estaba concertado con el Servicio Canario de Salud. En 2008 el Gobierno canario decidió retirarle las subvenciones por lo que su gestión paso de forma exclusiva a Santiago S.
“El investigado, a sabiendas de su falsedad se arrogó la representación en España de Bioscitex Incorportated, prestigiosa empresa estadounidense con sede en Minnesota que tiene como objeto la utilización de técnicas punteras y vanguardistas de rehabilitación en lo que al tratamiento de lesiones neuronales se refiere, y concretamente mediante la utilización de células madre en seres humanos para la recuperación de la movilidad en las extremidades inferiores”, detalla el auto.
El juez ha informado de que han contabilizado un total de 37 presuntos perjudicados por dichas actividades fraudulentas. En su mayoría, “menores en silla de ruedas o con andador”
Sobre los presuntos perjudicados la autoridad judicial asevera que “fruto de su desesperación por ver caminar a sus allegados (la mayoría menores de edad en silla de ruegas o andador), acudieron desde numerosos puntos de la Península”, ya que “les habían asegurado que con el tratamiento de la clínica sus hijos experimentarían una mejoría radical, pues el tratamiento personalizado que se dispensaba en la Clínica de Firgas se encontraba en todo momento supervisado por los facultativos de Bioscitex, quienes además estaba previsto que se desplazarían hasta Gran Canaria para asistir personal y directamente a los pacientes”.
El juez enfatiza que la pareja apresuraba a los interesados informándoles de que debían firmar con premura los contratos para someterse al tratamiento ya que las plazas eran limitadas. Sobre estas indicaban además que las 100 primeras serían subvencionadas al 90% por el Servicio Canario de Salud, Hecho totalmente incierto.
El juez detalla que los afectados, movidos por la esperanza y la reputación de la empresa, realizaban un primer pago de 3.100,85 euros y mensualidades posteriores de 400 euros hasta la finalización del tratamiento.
“Lejos de dispensarse el tratamiento vanguardista y puntero prometido por el investigado los usuarios “realizaban actividades de gimnasia, masajes, acuagym y otros similares, en muchos casos con la intervención de los propios padres de los pacientes debido a la escasez de personal especializado”, expone el auto.
“Fruto de su desesperación por ver caminar a sus allegados (la mayoría menores de edad en silla de ruegas o andador), acudieron desde numerosos puntos de la Península”
La autoridad judicial determina que, en base a la investigación realizada, el gerente del centro inyectaba a los pacientes la denominada hormona del crecimiento sin contar con la correspondiente habilitación, autorización ni prescripción médica para ello. El auto detalla además que las jeringuillas que contenían la citada hormona eran portadas “en el bolsillo del pantalón de su chándal”.
Santiago S. contaba con el título de fisioterapeuta pero causó baja del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias el 1 de diciembre de 2008. “Carece, por no haberlo tenido nunca, de cualquier habilitación profesional y autorización administrativa para ejercer la medicina y suministrar a pacientes cualquier tipo de fármaco”, concluye el juez.
Realizaban un primer pago de 3.100,85 euros y mensualidades posteriores de 400 euros hasta la finalización del tratamiento
En relación a su esposa el juez determina que era “plena conocedora y colaboradora del plan fraudulento”. Era esta la que se encargaba de las labores de administración de la clínica e incluso, en algunas ocasiones, “daba masajes a los pacientes arrogándose las funciones de fisioterapeuta”, a pesar de no contar con la habilitación legal para el desarrollo de tales funciones.
Tras las quejas de algunos usuarios se analizó el compuesto que se les inyectaba. En ese momento la Agencia Nacional del Medicamento se puso en contacto con la Consejería de Sanidad de Canarias que procedió a la suspensión de las actividades del centro mediante la resolución del 8 de julio de 2011 confirmada por otra resolución del 18 de agosto del mismo año.
“No obstante lo cual, y pese al conocimiento de la suspensión”, afirma el juez, “el investigado continuó con la actividad hasta el 13 de septiembre de 2011, fecha en se practicó la entrada y registro ordenada por este Juzgado procediéndose a la clausura definitiva del centro.