Acuerdo entre Aguado y Simecal: fin a la huelga de médicos en Castilla y León

Veinte días ha durado la huelga de médicos de familia interinos en la región, desconvocada este lunes. El consejero Sáez Aguado habría atendido las principales reivindicaciones del sindicato.

Acuerdo entre Aguado y Simecal que pone fin a la huelga de médicos en Castilla y León.
Acuerdo entre Aguado y Simecal que pone fin a la huelga de médicos en Castilla y León.

El Sindicato Médico de Castilla y León(Simecal) ha desconvocado este lunes la huelga de médicos de familia interinos que se había iniciado en la comunidad el 1 de agosto. Según ha informado la agencia regional Ical, los representantes de esta organización sindical han alcanzado un acuerdo con la Consejería de Sanidad al atender sus principales reivindicaciones.

De esta manera, el consejero Antonio María Sáez se habría comprometido con Simecal a poner en marcha un proceso de consolidación de puestos de trabajo mediante vía extraordinaria. Para ello, ha instado a los grupos parlamentarios de las Cortes a que valoren esta posibilidad para recabar apoyos. Además, ha informado que se constituirá un grupo de trabajo sobre la situación del colectivo con el fin de alcanzar acuerdos.

Finalmente se ha llegado a un acuerdo, después de los dos encuentros que la Gerencia Regional de Salud y Simecal tuvieron la pasada semana y que acabaron en fracaso

Ha sido este lunes cuando las partes han vuelto a reunirse después de los dos encuentros que mantuvieron la semana pasada la Gerencia Regional de Salud y el Sindicato Médico de Castilla y León, los cuáles acabaron sin acuerdos. De hecho, desde Simecal veían “complicado” el acuerdo mientras la Consejería acusaba al sindicato de “inmovilismo”.

Además, en el contexto de las negociaciones se dio a conocer la denuncia ante el Tribunal Supremo de la asociación El Defensor del Paciente contra el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el consejero Sáez Aguado. La presidenta de esta asociación, Carmen Flores, consideraba que ambos dirigentes podrían haber incurrido en “un delito contra la salud pública por la falta de voluntad de llegar a acuerdos con los trabajadores”.

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