La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha asumido su nuevo cargo con el objetivo de dar “continuidad” a los “proyectos iniciados por el consejero”, refiriéndose al exconsejero catalán Toni Comín. Sin embargo, y además de esta intención, el sector sanitario de esta comunidad le demanda que actúe con celeridad sobre aspectos pendientes.
Uno de ellos es el de reducir las listas de espera. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Cataluña lidera los tiempos medios de espera para una intervención en hasta cuatro especialidades. Por otra parte, el plan iniciado por Comín no ha cumplido con las intenciones que se marcaban: mientras que el objetivo era reducir las listas un 10%, finalmente se han rebajado un 0,4%.
Los sindicatos sanitarios han exigido un incremento de la dotación de profesionales así como la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis
Por otra parte, la mayoría de sindicatos han exigido a la nueva consejera que tome decisiones para recuperar el papel de los profesionales sanitarios, especialmente para Atención Primera y Urgencias. Los principales problemas de estas especialidades son la falta de plantilla y la consecuente carga asistencial. Por ello, reclaman un incremento de la dotación de profesionales, así como la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis.
Otro asunto que la Consejería de Salud de Cataluña tiene pendiente por resolver es la integración de sus datos sanitarios en la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS), al ser la única comunidad que no está en este sistema. Desde el Ministerio han propuesto un calendario para avanzar sobre él y debe ser la Consejería quien intervenga para hacerlo de manera definitiva. Asimismo, el sector sanitario demanda mayor inversión en tecnología, para frenar la obsolescencia, y en infraestructuras.
Además de estas cuestiones, se prevé que se produzcan avances sobre la universalidad. En primer lugar, desde la Generalitat han informado que presentarán alegaciones contra la impugnación por parte del Gobierno central de la ley de universalidad catalana.