El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Pontevedra ha incoado diligencias previas para la instrucción de la causa, a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2018 por CESM Galicia contra los gerentes de la EOXI Pontevedra-Salnés, José Manuel González Álvarez y José Ramón Gómez Fernández, por un presunto delito de malversación de fondos, al duplicar los servicios de comunicación del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP).
La autoridad judicial considera que, de ser acreditados, los hechos descritos en la denuncia podrían constituir un delito de malversación o prevaricación por lo que, en caso de que el requerimiento de la entrega de la documentación referente a estos prodecimientos de adjudicacion no sea atendida "inmediatamente" por los responsables de su custodia, se procederá a la entrada y registro de las instlaciones de la EOXI Pontevedra-Salnés en las que pudiera encontrase la citada documentación. El registro se realizaría con auxilio policial, según recoge el auto.
El Juzgado necesita la documentación referente a los 4 procedimientos negociados y a cualquier otro procedimiento que afecte a la continuidad, modulación o prórroga de los servicios del contrato de ‘Servicio de gestión integral de la comunicación corporativa’, con el fin de conocer el alcance exacto de las adjudicaciones.
Entre 2009 y 2018 se habría adjudicado a dos empresas el ‘Servicio de gestión integral de la comunicación corporativa’ por unos 300.000€
Los hechos denunciados y resumidos en el auto relatan que entre los años 2009 y 2018, siendo gerentes de la EOXI Pontevedra-Salnés José Manuel González Álvarez y José Ramón Gómez Fernández, se adjudicó mediante procedimiento negociado a sendas empresas privadas el ‘Servicio de gestión integral de la comunicación corporativa del CHOP’, cuando ya existía un gabinete de comunicación propio del complejo hospitalario con un periodista al frente y con su plaza en propiedad en el Sergas como técnico del Grupo A. "Estas empresas externas realizarían el mismo trabajo que el gabinete de comunicación, por lo que se estarían incumpliendo las normas administrativas sobre contratación", indica en un comunicado de prensa, el sindicato.
CESM Galicia entiende que ha habido una "malversación de dinero público, al subcontratar y gastar innecesariamente cerca de 300.000 € en sendas empresas privadas para la prestación de un servicio de comunicación, cuando la propia Administración ya dispone de un gabinete de comunicación propio desde hace más de 20 años, para prestar este servicio, con personal funcionario/estatutario". El Sindicato Médico considera además que se ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público ya que "ninguno de los procedimientos para las contrataciones ha cumplido los principios de transparencia, libre concurrencia, equidad y competitividad, imperativos en cualquier acto de contratación pública", y concluye que ‘estas contrataciones obedecen únicamente a un trato de favor hacia una persona afín al partido político del gerente, para así controlar las actividades de propaganda’.