El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este viernes que el Tribunal Supremo "ha dado la razón" a la Comunidad de Madrid estimando "íntegramente el recurso de casación" contra dos apartados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de marzo de 2021.
El Alto Tribunal ha determinado que el Gobierno regional vulneró los derechos de los médicos y pediatras de Atención Primaria en materia de integridad física y salud al no dotarles de forma completa de medios y medidas de protección en sus centros de trabajos antes y después de la pandemia.
En su sentencia, el TS estima la impugnación del Gobierno regional contra dos apartados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de marzo de 2021, que declaró vulnerados los citados derechos. "El Supremo lo que hace es dejar claro que es competencia de la Comunidad, la organización del trabajo de los profesionales y por tanto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se excedió en el objeto del proceso", ha señalado el consejero.
En concreto, los magistrados anulan parcialmente el fallo en lo relativo a que desaparece la fijación de los cupos, "número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno", a los que emplazó la sentencia de instancia. También elimina la orden de establecer "una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma". El resto de la sentencia anterior se confirma en lo relativo a la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Escudero ha enfatizado que la Comunidad está "firmemente" comprometida con la mejora de las condiciones de nuestros profesionales
En cualquier caso, el consejero madrileño ha enfatizado que la Comunidad está "firmemente" comprometida con la mejora de las condiciones de nuestros profesionales. "Por eso hemos puesto en marcha ese Plan de Atención Primaria de un alcance presupuestario de más de 200 millones y que mejora sus recursos humanos, sus infraestructuras, todos los procesos, la accesibilidad. Siempre pensando en mejorar la calidad asistencial de todos los madrileños", ha zanjado.
DEMANDA COLECTIVA
El procedimiento tiene su origen en una demanda colectiva promovida por vulneración de derechos fundamentales a instancias del sindicato APsemueve, a la que se adhirieron diversas organizaciones en defensa de médicos de Atención Primaria, entre ellos UGT, CC.OO., CSIT Unión Profesional y Amyts.
En su resolución, el TSJM subrayó que esta situación no se ha producido "ni antes ni después de sobrevenida la pandemia" y reprendían al Gobierno regional por "incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo".
En la argumentación, los magistrados apuntaban que en este caso el Gobierno regional no ha cumplido con las normas porque "no hay un plan de prevención de riesgos laborales ni antes ni después de sobrevenida lapandemia" ni tampoco "se han evaluado los riesgos de los puestos de trabajo del colectivo afectado por el presente conflicto".
"Únicamente consta que se han dado instrucciones para autoprotegerse de la infección por el virus Covid-19, sin que haya acreditado la demandada la implementación de las medidas de protección, la entrega de EPIs suficientes al efecto, ni la evaluación del riesgo ni el seguimiento de su impacto en los distintos puestos de trabajo", recalcaba el fallo.