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PATRONAL DE LA SANIDAD PRIVADA

ASPE teme la aplicación de la nueva normativa sobre el registro de jornada

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha señalado que el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, por el que se obliga a garantizar el registro de jornada, sitúa a las empresas en un "escenario de incertidumbre de consecuencias impredecibles".

Cristina Contel, presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)
Cristina Contel, presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)

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12.06.2019 - 18:40

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha considerado este miércoles que la "indefinición" del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, por el que se obliga a las empresas a garantizar el registro de jornada, las sitúa en un "escenario de incertidumbre de consecuencias impredecibles".

Esta incertidumbre, que ha obligado al Ministerio de Trabajo a publicar una guía de aplicación y un criterio técnico, "se acentúa en las empresas del sector sanitario, debido a las particularidades del trabajo de los profesionales sanitarios en materia, por ejemplo, de jornadas de trabajo, guardias médicas y horas complementarias".

"Es habitual que los profesionales lleven a cabo una asistencia en función de las necesidades vitales de los pacientes o que sea completamente impredecible la duración de algunas intervenciones quirúrgicas"

"En este sentido, como es conocido, es habitual que los profesionales lleven a cabo una asistencia en función de las necesidades vitales de los pacientes o que sea completamente impredecible la duración de algunas intervenciones quirúrgicas", han sostenido desde la institución que preside Cristina Contel.

De hecho, este ha sido uno de los temas que se han tratado en la última reunión de la Comisión de Recursos Humanos de la patronal de la sanidad privada, donde Ricardo de Lorenzo, director de De Lorenzo Abogados, ha disertado sobre el registro horario y su impacto en la sanidad española.

Por todo ello, ASPE reclama un desarrollo reglamentario de tal forma que se adapte a las especificidades del sector sanitario y que, por ejemplo, excluya del ámbito de la normativa a gerentes, miembros del comité directivo, jefes de servicio y profesionales médicos.

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