La Ley de equidad, cohesión y universalidad en el SNS se encuentra en el trámite de información pública. Junto a la regulación de la cartera de servicios, la prohibición de nuevos copagos o el refuerzo de la gestión pública, el texto aborda también la ampliación de los colectivos que tienen derecho a la asistencia sanitaria.
Por un lado, la propuesta normativa amplía la protección de la salud con cargo a fondos públicos “a las personas españolas de origen residentes en el exterior durante sus desplazamientos temporales al territorio español y sus familiares que les acompañen y garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España”.
Sanidad busca que la protección a la salud a los nuevos colectivos "sea efectivo en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país"
Por otra parte, incluye a las personas extranjeras solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos en período de restablecimiento y reflexión como “titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria” el tiempo en el que permanezcan en España cuando se les autorice por el mencionado motivo.
En el caso de este último colectivo, Sanidad detalla que “ya disponen de cobertura sanitaria” según establece el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España. No obstante, apuntan que” no se encuentran incluidas en el artículo que regula esta condición en la normativa sanitaria española”, por lo que entienden “oportuna” su inclusión.
DEJAR ATRÁS EL 2012
En la exposición de motivos, el Ministerio de Sanidad señala que el polémico RD-ley 16/2012, de 20 de abril “únicamente” dejó como vía de acceso a la asistencia sanitaria para estos colectivos “la atención urgente”. Para revertir esta situación, en 2018 se aprobó el RD-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al SNS.
Con él, el Gobierno defiende que representó “un cambio de modelo en la atención sanitaria del SNS”, debido principalmente a que “la titularidad del derecho a la asistencia pasó a basarse en la condición de ciudadanía y su reconocimiento, y se desligó de la condición de asegurado o de beneficiario”.
El Gobierno defiende que la ampliación de colectivos beneficia "no solo a la salud individual sino también a la salud del conjunto de la ciudadanía española"
Aún así, tras el 2018 hubo muchos colectivos que denunciaron la “falta de homogeneidad en la aplicación de este Real Decreto-ley”, visualizando así fisuras en el acceso universal al SNS. Entre ellos, REDER, la Red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud. Así lo expresaron a ConSalud.es miembros de ‘Yo sí, sanidad universal’.
“MINIMIZAR LA DESIGUALDAD EN SALUD”
Con esta norma, que iniciará próximamente su tramitación parlamentaria, el Gobierno subraya que se reconoce “que todas las personas no registradas ni autorizadas como residentes en nuestro país que se encuentran en España tienen derecho a la protección a la saluden las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española” y que dicho acceso “sea efectivo en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país”.
De esta forma darían cumplimiento al “objetivo” propuesto de que “el derecho a la protección de la salud alcance a los colectivos citados, como expresión de una política activa de ampliación de derechos que benefician, no solo a la salud individual, sino a la salud del conjunto de la ciudadanía española, minimizando las desigualdades en salud y garantizando la mejor salud para todos y para todas”.