El cambio climático constituye actualmente una de las principales amenazas de la salud pública mundial, sin contar la amenaza económica y poblacional que conlleva el aumento de temperaturas y fenómenos climáticos extremos como las sequías o las inundaciones. La lucha frente a esta realidad ya patente involucra a múltiples agentes sociales e implica decisiones de cambios en políticas, estructuras y sistemas.
Actualmente el cambio climático provoca millones de muertes al año. Por altas temperaturas al año mueren 546.000 personas; por la contaminación del aire fallecen 2,52 millones de personas al año y los incendios dejan 154.000 muertos anuales. Las ciudades son uno de los lugares en los que existe más incremento de notar procesos como las olas de calor asociadas al cambio climático, especialmente en los países con mayor vulnerabilidad social, capacidad limitada y recursos económico escasos. No obstante, las ciudades europeas también presentan importantes riesgos ante el cambio climático.
De 2003 a 2023 el peligro de incendios forestales y la mortalidad relacionada con el calor incrementaron un 7 %, principalmente en las ciudades del sur de España, según datos de una publicación reciente de The Lancet Countdown la cual eleva a un incremento del 160,6 % de 1991-2000 a 2015-24, respectivamente. También se ha presenciado un aumento del riesgo de dengue y de la morbilidad de los pacientes con rinitis alérgicas por la exposición a mayores concentraciones de polen alérgico.
Las ciudades europeas llevan años trabajando con medidas de adaptación, en muchos casos basadas en la naturaleza. Por ejemplo, el aumento de la cobertura vegetal en zonas urbanas, que reducen el impacto de las altas temperaturas, además de mejorar el índice de salud mental, e incluso asociarse a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares.
“Queda mucho por hacer para proteger adecuadamente a los habitantes urbanos de Europa de los crecientes riesgos climáticos”
Además, la Unión Europa lleva varios años trabajando en distintas normativas para frenar el cambio climático: el Pacto Verde que busca reducir las emisiones un 50 % para 2030 con meta de alcanzar la neutralidad en 2050; la Agenda de Acción ambiental para garantizar la aplicación efectiva de las leyes comunitarias en materia de clima y medio ambiente; la estrategia de Adaptación de la UE o una serie de proyectos europeos que buscan proteger la salud humana frente al clima. No obstante, pese a estas medidas, “queda mucho por hacer para proteger adecuadamente a los habitantes urbanos de Europa de los crecientes riesgos climáticos”, recoge el citado estudio de la comisión The Lancet Countdown.
LAS CIUDADES QUE MARCAN LA PAUTA
En 2024, las ciudades de toda Europa informaron de la necesidad de contar con fondos adicionales para proyectos relacionados con el clima en materia de transporte (16,4 %), edificios (14,3 %) y energías renovables (13,6 %). Sin embargo, “solo el 0,5 % de los proyectos de adaptación y mitigación reportados por las ciudades abordaron directamente los sistemas y servicios de salud”, recoge el estudio. Una cifra paupérrima teniendo en cuenta que el sector salud es uno de los más contaminantes, no en vano, un 4,4 % de la contaminación viene del sector salud. Esta realidad, de la que cada vez están más concienciados los profesionales sanitarios, apenas tiene cabida en las políticas de mitigación del cambio climático en las ciudades europeas.
Según los autores del estudio citado, los países del norte de Europa están demostrando tener más éxito en la lucha frente a al cambio climático. Como recogen los autores, estas ciudades “tuvieron las mayores disminuciones en las emisiones derivadas de la quema local de combustibles fósiles y la mortalidad atribuible a PM2,5 en comparación con las ciudades de otras subregiones europeas”. También presentan una mayor accesibilidad al transporte sostenible, desde el transporte público a caminar o ir en bicicleta. Sin embargo, estas ciudades son las que también presentan mayores emisiones relacionadas con la demanda de alimentos en 2020 en comparación con otras regiones.
Por otra parte, los países del este europeo presentaron una tasa de mortalidad y coste de salud asociada a dietas poco saludable mayor que el resto de países, destacando Chipre y Turquía como las ciudades con peores indicadores en la lucha contra el cambio climático. Estas regiones también muestran una mayor mortalidad atribuible a PM2,5 en el ámbito doméstico, donde el uso de combustibles sólidos provocó una tasa de mortalidad por todas las causas relacionada con PM2,5 más de tres veces superior a la de las ciudades del norte en 2023, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ciudades europeas la mortalidad por estos combustibles en zonas residenciales suponen el 38 % de todas la mortalidad urbana atribuible a PM2,5 en 2023.
“Para la implementación de estas acciones climáticas, son cruciales la gobernanza, la financiación, la capacidad técnica y las herramientas de implementación”
En este contexto, los autores inciden en la necesidad de contar con indicadores para tomar las decisiones necesarias con las que proteger la salud de la población ante los fenómenos meteorológicos. Como indican, “deben considerarse estrategias específicas para garantizar que las ciudades pequeñas no queden excluidas de la transición hacia economías bajas en carbono”. Así, establecen la relevancia de tomar medidas para enfrentar las altas temperaturas, afrontar la planificación urbana y reducir las emisiones de carbono.
La alta densidad demográfica, el efecto de isla de calor y el cada vez mayor envejecimiento de la población en las ciudades europeas hace que estas sean especialmente vulnerables a las altas temperaturas. El fortalecimiento y la evaluación de los sistemas de alerta temprana y los planes de adaptación son fundamentales "para mantener informados, seguros y saludables a sus residentes ante el aumento de la exposición al calor”, subrayan.
El aumento de los espacios verdes urbanos, el uso de materiales de construcción menos absorbentes de calor, la eliminación de superficies impermeables y la promoción del transporte activo y público son medidas adecuadas para reducir el efecto isla de calor urbano. Además, recuerdan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores puede generar beneficios inmediatos para la salud.
“Los efectos negativos del calentamiento global en la fuerza laboral urbana europea se han incrementado con el tiempo, y si bien las ciudades están adoptando medidas de adaptación y mitigación, las limitaciones financieras y técnicas representan obstáculos considerables para su implementación en casi un tercio de las ciudades encuestadas”, insisten los autores, quienes denuncian que el compromiso político con la relación entre el cambio climático y la salud “fue bajo en general”. “Para la implementación de estas acciones climáticas, son cruciales la gobernanza, la financiación, la capacidad técnica y las herramientas de implementación”, continúan.
La Agenda Urbana de la UE para las Ciudades y la misión de ciudades inteligentes y climáticamente neutras son iniciativas con las que se pueden implementar estas estrategias. No obstante, “nuestro informe subraya la importancia de integrar los resultados de salud en estos marcos, mediante la evaluación, el seguimiento y la valoración de los beneficios colaterales para la salud derivados de las acciones contra el cambio climático, medibles a escala urbana en toda Europa”. Y concluyen: “Con evidencia sólida, capacidad y financiación, las ciudades pueden liderar la transición verde hacia una Europa más saludable y equitativa”.
*Los contenidos de ConSalud están elaborados por periodistas especializados en salud y avalados por un comité de expertos de primer nivel. No obstante, recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
