La ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) impulsada por el Gobierno está encontrando dificultades para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Este mismo martes Junts ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, que viene a unirse también a la trasladada en la jornada del lunes por el PNV. Un escollo que desde el Ejecutivo nacional esperan poder superar para sacar adelante uno de los principales proyectos marcados en rojo por la ministra de Sanidad, Mónica García, de cara a esta legislatura.
Entre los argumentos del PNV para oponerse al proyecto legislativo que daría luz verde a la Agencia, la formación planteó que se trata de un órgano “de difícil justificación, tanto a la vista de la regulación vigente, como en los términos en que está redactado el proyecto de ley, que adolece de indefinición y de falta de claridad". La misma línea que ha sostenido Junts, alegando que podría entrar en conflicto con la normativa autonómica. "Invade claramente las competencias de Cataluña", ha remarcado la diputada catalana, Pilar Calvo.
ADELANTARSE A LAS CRISIS
El proyecto de ley, tal y como está planteado por el Ministerio de Sanidad, recoge cinco misiones fundamentales para la AESP. Por un lado, plantea modernizar y cohesionar los sistemas de vigilancia del estado de salud de la población y de los problemas y los riesgos a los que se enfrenta; incorporar el concepto de 'One Health-una sola salud', que implica que la salud de las personas está interrelacionada con la salud ambiental y con la animal; o poner los fundamentos para adaptar el sistema de salud a las amenazas futuras y lograr anticiparlas.
El Gobierno deberá ahora articular a través de un cauce que concite el consenso de todos los partidos presentes en el hemiciclo
Por otra parte, el organismo estatal de salud perseguirá también mejorar la coordinación y la colaboración con la comunidad científica, la industria, las administraciones y las instituciones para monitorizar y acompañar a las diferentes estrategias de respuesta; así como evaluar los determinantes multifactoriales que impactan más en la salud de la población. Una serie de objetivos que, si bien son compartidos por el espectro político, el Gobierno deberá ahora articular a través de un cauce que concite el consenso de todos los partidos presentes en el hemiciclo.
En esta línea, Mónica García aclaró durante la aprobación del proyecto normativo por el que se creaba la Agencia Estatal de Salud Pública, el pasado 30 de enero, que la pandemia "puso en jaque nuestro sistema sanitario" y evidenció los desafíos a los que se enfrenta, por lo que la AESP "no es solamente una deuda pendiente con la salud pública, sino que incorpora las lecciones aprendida”. Igualmente, conviene aclarar que se trata de una iniciativa que se gestó durante la pasada legislatura –frenada por el adelanto electoral-, con Carolina Darias al frente de la cartera de Sanidad.
PUGNA POR LA SEDE DE LA AESP
Desde que este proyecto se dio a conocer por parte del Gobierno han sido muchas las CC.AA. que han mostrado su interés por albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Los diferentes ejecutivos regionales han puesto sobre la palestra la idoneidad de ciudades como Zaragoza, Granada, Murcia, La Coruña, Valencia, León o alguna ciudad de Asturias, aunque el plazo sigue abierto todavía para todas aquellas que aspiren a albergar este organismo. De hecho, no se descarta la propia candidatura de Madrid, si bien parecía que su factor de capitalidad remaba en su contra, al pretenderse que fuera un organismo descentralizado.
El Ayuntamiento de Granada también ha puesto en el foco al reclamar al Gobierno central transparencia y criterios objetivos en la designación de la sede de la nueva Agencia
En esta línea, elministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aclaró recientemente que la elección de una ciudad candidata"no excluye a ninguna comunidad" y remarcaba que "se va a abrir un procedimiento en el que si Madrid quiere concurrir, presentará su candidatura". Sin embargo, en las últimas fechas, las sedes que más se han significado en su interés han sido Zaragoza, Granada y León. De hecho, este mismo martes, la Plataforma Leonesa por la Agencia Estatal de Salud Pública ha iniciado una ronda de contactos con representantes políticos para proponer y seguir avanzando en la idea de traerla a su ciudad.
En los últimos días, el Ayuntamiento de Granada también ha puesto en el foco al reclamar al Gobierno central transparencia y criterios objetivos en la designación de la sede de la nueva Agencia. Todo ello, después de que la consejera de Salud andaluza, Catalina García, lamentase la falta de apoyo del Gobierno de España, a tenor de las declaraciones del subdelegado en la provincia, José Antonio Montilla, en las que consideraba a Granada en “debilidad” frente al resto de aspirantes.Si bien, la ciudad es sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública y ha aunado el apoyo de hasta 50 instituciones locales, regionales y profesionales.
El Ministerio de Política Territorial, cartera encargada de la última decisión sobre la ciudad que albergará la Agencia Estatal de Salud Pública, todavía no ha establecido los criterios de elección que han de cumplir las candidatas
Una de las principales competidoras será Zaragoza, lugar desde el cual el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, aseguró recientemente queestá "en la primera posición de la rampa de salida" para ser la elegida. Una convicción que el responsable sanitario autonómico fundó en fortalezas como la situación geográfica estratégica dentro de España, la larga labor en Salud Pública y experiencia de sus profesionales, el alto nivel de sus grupos investigadores, el consenso institucional y social que suscita la candidatura maña, así como la alta implicación en los objetivos de sostenibilidad ambiental.
Desde diferentes estamentos han confirmado a ConSalud.es que el Ministerio de Política Territorial, cartera encargada de la última decisión sobre la ciudad que albergará la Agencia Estatal de Salud Pública, todavía no ha establecido los criterios de elección que han de cumplir las candidatas. De este modo, el proceso de presentación de sedes queda todavía abierto para todas las CC.AA., aunque en el caso de Navarra o Cantabria, ambas han descartado ya la posibilidad de concurrir.