Crece la presión sobre Montero para blindar la financiación de la sanidad autonómica

Varias comunidades autónomas piden al Gobierno la reforma urgente del sistema de financiación por ser responsables de la gestión de la sanidad. Desde Hacienda anuncian un principio de propuesta para noviembre.

La ministra portavoz, María Jesús Montero. (Foto. Pool Moncloa/ JM Cuadrado)

El sistema de financiación autonómica está caducado desde el año 2014. Desde entonces, ha habido varios intentos por renovarlo sin llegar ninguno a éxito. Dentro de este régimen, resulta clave el papel de la financiaciónsanitaria al ser una competencia directamente gestionada por las comunidades autónomas, al igual que la educación y los servicios sociales. Así, cada vez son más las voces que exigen al Gobierno que impulse su actualización para blindar una buena financiación de los servicios públicos.

Desde hace meses, el presidente de la Generalitat Valenciana, XimoPuig, lidera la reivindicación autonómica en torno a este asunto. Varios han sido los encuentros que ha tenido con otros presidentes autonómicos, como los de Andalucía o Cataluña. También se sumará a este frente la RegióndeMurcia. En el centro del debate, la infrafinanciación autonómica, con la consecuente inequidad tanto en la prestación como en el acceso a los servicios sanitarios.

Ximo Puig (C. Valenciana) y Juanma Moreno (Andalucía) piden “más financiación” para dar cobertura a la prestación de los servicios públicos: sanidad, educación y servicios sociales

Precisamente este martes, XimoPuig y el presidente andaluz, Juanma Moreno, han firmado un documento conjunto en el que denuncian una “insuficiencia global” desde hace año que ha repercutido en que “no se han podido mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de los servicios”. Por ello, han reclamado “más financiación” al recordar que “la gran responsabilidad de las comunidades son los serviciosfundamentales (sanidad, educación y servicios sociales)”.

Como propuesta, sostienen que el nuevo modelo de financiación “aporte más recursos a todas las comunidades autónomas” y “corrija la inequidad mediante un sistema que tenga como criterio principal de reparto a las personasbeneficiarias de los servicios públicos fundamentales”. En este sentido, plantean que el nuevo criterio se base “en el concepto de población ajustada”, algo que deberá ser consensuado por el conjunto de las autonomías junto al Ministerio de Hacienda.

Mientras tanto, reconociendo que la reforma del sistema llevará tiempo, Puig y Moreno han propuesto “medidas transitorias”. En concreto, apuestan por crear “un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema que equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional”.

LOS PARTIDOS TAMBIÉN PRESIONAN

Junto a las comunidades autónomas, los gruposparlamentarios también tratan de presionar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El más insistente sobre este asunto es JoanBaldoví, diputado de Compromís, quien ha recordado a Montero que “los acuerdos están para cumplirse”. De hecho, ha apuntado que su apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado para el 2022 se producirá “en función de ese compromiso”.

La ministra de Hacienda presentará en noviembre una primera propuesta; desde el Gobierno piden a las autonomías "actitud constructiva" que permita "construir país y reforzar España"

Pero Montero también cuenta con voces críticas desde las fuerzas que sostienen al Gobierno. PabloEchenique, portavoz de UnidasPodemos, ha sostenido que se trata de un “problema complejo” sobre el que la ministra de Hacienda “se ha comprometido a dar cauce”. A pesar de ello, ha defendido que “estando en manos de las comunidades autónomas competencias tan importantes como la sanidad, hay que trabajar por un sistema nuevo en el que las diferencias entre las autonomías sea menor”. En esta línea, ha reivindicado “aumentar la financiación para dar mejor cobertura a los servicios públicos”.

PRIMERA PROPUESTA, EN NOVIEMBRE

Esta semana, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha avanzado que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, presentará en noviembre una “propuesta del criterio de población ajustada”, lo que servirá como “punto de partida para el inicio de los trabajos de la reforma del sistema de financiación”.

La también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha reclamado este martes a las comunidades autónomas que esta negociación la emprendan “con una actitud constructiva, de respeto y escucha, con un equilibrio que nos permita construir país y reforzar España”. En todo caso, ha sostenido esta reforma eventual deberá ir acompañado de “una ley orgánica y el acuerdo de los dos principales partidos políticos”.

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